El Gobierno regional amplía de 100 a 150 euros la ayuda mensual para los afectados por ERTE

El Ejecutivo regional argumenta que «la persistencia de los efectos negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 exige mantener las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en sus artículos 22 y 23, relativos a las suspensiones y reducciones de jornada por causa de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción vinculadas con el COVID-19, así como las medidas extraordinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y cotizaciones«. Pero la persistencia de la pandemia «ha constatado la permanencia de muchos expedientes de ERTE ya concedidos, y se han ampliado los plazos para presentación de nuevos en los próximos meses».

Por tal motivo se modifica la Orden DEA/56/2020, ampliando el plazo (condicionado en principio hasta mayo si no se prorroga aún más como ya piden los agentes sociales) e importes de bases reguladoras y de subvención: 50 euros diarios (anteriormente 31,67 euros) y 150 euros mensuales (frente a los cien de la primera orden), respectivamente. Las subvenciones previstas en esta orden serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad pública o privada, ya sean nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, salvo las prestaciones por desempleo derivadas de expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19 correspondientes al período que se establezca en la correspondiente convocatoria.

En el programa de ayudas del año pasado, el Gobierno regional movilizó un millón de euros. La orden que publica hoy el BOR, firmada por el nuevo consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, no establece el importe de inversión que tiene previsto destinar el Ejecutivo a la financiación de esta nueva línea de prestaciones. No obstante rondaría el millón y medio de euros, según avanzó el pasado día 28, la presidenta regional, Concha Andreu.