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«Vamos a esperar primero a recibir la notificación del recurso y luego a que el Tribunal Constitucional se pronuncie; por supuesto, acataremos su decisión, aunque también entre tanto vamos a defender el acuerdo que, por mayoría absoluta, adoptó esta Cámara, que es soberana respecto ... a la organización interna de su personal».
Jesús María García, presidente del Parlamento de La Rioja, valora así el acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez de presentar un recurso contra el Estatuto de Personal de la Cámara riojana al considerar que crea una categoría laboral que «vulnera» los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución. Se trata en concreto de la disposición adicional segunda que, aprobada por el Parlamento con el voto en contra del PP y la abstención de Cs el pasado mes de abril, establece que aquellos trabajadores que llevan más de cinco años prestando servicios en la Cámara pasen a ser personal fijo.
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La Rioja
En aplicación de dicha disposición, el Parlamento riojano hizo fijos a cinco trabajadores interinos -un letrado, una jefa del Área de Sistemas y Archivo de Información y las jefas de Gestión Parlamentaria, Publicaciones, y Asuntos Económicos y Personal-, lo que en la práctica supone equiparlos en derechos a la categoría de funcionario, pero sin haber pasado por una oposición.
El asunto supone poco más o menos que abrir la caja de Pandora, puesto que hay cientos de miles de trabajadores interinos en las administraciones públicas españolas reclamando a través de plataformas y movilizaciones su reconocimiento como personal fijo y el final del abuso de temporalidad para empleados de larga duración.
Jesús María García, que lamenta que el Ministerio de Administración Públicas no haya contactado previamente con el Parlamento -«me parece inaudito que nos enteremos por una rueda de prensa»- insiste en que «la Cámara riojana no se rige por el Estatuto de Función Pública, sino por el suyo propio, por lo que su normativa y sus decisiones no afectan al resto del sector público».
En todo caso, no opina lo mismo el Gobierno de España, dado el precedente que puede crearse, ni tampoco sindicatos como CCOO que el pasado día 3 anunció que había llevado al Defensor del Pueblo el Estatuto de Personal del Parlamento de La Rioja por «intentar hacer empleados públicos a su personal interino de manera inconstitucional sin realizar ningún tipo de proceso selectivo de oposición o concurso oposición».
CCOO advertía de que «las mismas personas que defienden el empleo público en las portadas, pretenden gestionar a sus anchas la forma de acceso al mismo, incluso por encima de la Constitución» e insistía en que «ya son varias las sentencias que han desestimado nuevas 'figuras' con las que algunas administraciones han pretendido hacer empleados públicos a personal temporal, sólo contemplando su antigüedad o cualquier otro parámetro que en cada momento determinen a su caprichoso criterio».
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