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El proyecto de ley de creación de la nueva Agencia Riojana de Transición Energética (ARTE), aprobado por el Gobierno de La Rioja el pasado 17 de noviembre y pendiente de ser convalidado por el Parlamento, incumple el Plan de Ajuste comprometido ante el Ministerio ... de Hacienda por incumplimiento del objetivo de déficit del año 2019.
En dicho documento, la Comunidad riojana se comprometía a aplicar su «plan de reestructuración del sector público autonómico», que no contempla la creación de ninguna nueva sociedad pública, como sería la ARTE, desde 2020 hasta al menos 2024.
De hecho, el proyecto de ley ha tenido que superar importantes escollos internos antes de su aprobación, entre ellos dos informes negativos con devolución por parte de la Dirección General de Control Presupuestario del propio Ejecutivo riojano. El motivo no es otro que el importante incremento previsto de los gastos de personal, que pasarían a duplicar los de la actual Dirección General de Transición Energética, que será absorbida por la futura Agencia y que de diez trabajadores, incluido su director general, pasará a estar compuesta por 23.
En números, si la Dirección General de Transición Energética actual –adscrita a la Consejería de Sostenibilidad– tiene un coste de 507.306,6 euros anuales, el de la futura Agencia –una nueva entidad pública inspirada en la ADER– sería de 554.095.10 adicionales (1.061.401,7 euros en total), si bien es cierto que de esta cantidad habría que detraer los salarios del personal funcionario que, adscrito a otros departamentos del Ejecutivo, pasaría a formar parte también del nuevo ente. En total, cuatro de los nuevos 13 empleados.
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El principal reparo de Presupuestos se fundamentaba en que la Comunidad riojana incumplió en 2019 el objetivo de déficit marcado por el Plan de Estabilidad Presupuestaria nacional (lo superó por una décima), lo que obligaba a La Rioja a presentar para este 2021, como así hizo, un plan de ajuste ante el Ministerio de Hacienda que incluye el mencionado compromiso de no crear más entes públicos. Para 'salvar' el problema, la propia Dirección de Control Presupuestario sugería que el Ejecutivo reforzase la argumentación de creación de la ARTE e incluso que se justificase como una oportunidad para la recepción de fondos europeos Next Generation y la necesidad de ser ágiles en las tramitaciones para captar una mayor cantidad de recursos.
Así lo ha hecho el Gobierno en los sucesivos borradores posteriores de la ley y ha planteando en la memoria justificativa de creación de la Agencia diferentes escenarios de captación de ingresos (pesimista, neutro y optimista), en función de continuar con una dirección general como la actual o con la nueva Agencia de Transición Energética.
Los impactos, en cuanto a la captación de fondos estimados por el Ejecutivo de Andreu, son notablemente diferentes al pasar de una pretensión de atraer ingresos por valor de entre 6 y 9 millones en el periodo 2021/2023 a prácticamente triplicarlos con la creación de la nueva entidad.
El problema es que el proyecto de ley llega con retraso, ya que no se pudo aprobar hasta mediados de noviembre y, de hecho, aún no ha pasado al Parlamento. Así las cosas, 2021, el primero de los tres años del trienio 2021/2023 para optar a fondos del plan 'España Puede', ya ha pasado y el segundo, 2022, avanzará en unos cuantos meses antes de que la Agencia sea operativa, con lo que los escenarios de simulación de ingresos deberían ajustarse a la realidad temporal.
La Agencia de Transición Energética contaría con un presidente –el actual consejero de Sostenibilidad, Alex Dorado–, con un consejo de administración –formado básicamente por representantes de otras consejerías–, un gerente –el actual director general de Transición Energética, Iván Moya, que pasaría a cobrar como un consejero– y cuatro unidades administrativas: asesoría jurídica (5 personas), la unidad de gestión y tramitación (7 personas de la antigua dirección general), el área de proyectos y planificación (otras 7 personas) y una más de Cambio Climático (3 personas), todos ellos funcionarios o personal laboral contratado al efecto. A los nuevos costes habría que sumar por supuesto los de una nueva sede (alquiler o reacondicionamiento si así se decide), así como la dotación de nuevos equipos informáticos para el personal, entre otros.
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