La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, reunió este martes públicamente de nuevo a los agentes sociales, esta vez en los exteriores de Riojafórum, para dar a conocer las cuatro medidas que se había comprometido a poner en marcha antes de que finalizara julio. Cuatro actuaciones de las 53 que recoge el Acuerdo para la Reconstrucción Económica y Social de la comunidad, y que supondrán movilizar 1,6 millones de euros en fondos públicos.
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La parte del león (un millón de euros) son las ayudas directas a los trabajadores más vulnerables que todavía sigan afectados por un Expediente de Regulación temporal de Empleo (ERTE). Esta actuación ya fue anunciada el pasado 23 de junio, cuando se presentó el pacto entre Gobierno y agentes sociales, pero este martes se dieron a conocer sus detalles. Serán cien euros mensuales que recibirán durante julio, agosto y septiembre los trabajadores («entre 3.000 y 4.000) cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Inteprofesional (SMI).
Afectados por ERTE Beneficiarios: los entre 3.000 y 4.000 trabajadores riojanos que aún están en ERTE provocados por el COVID-19, parcial o total, con salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es decir 950 euros al mes, y que no perciban otros ingresos. Dotación: un millón de euros. Ayudas: cien euros al mes durante julio, agosto y septiembre
Conciliación y corresponsabilidad Beneficiarios: familias (sin límite de renta) que tengan personas dependientes o hijos a su cargo que, o bien contraten durante 40 horas semanales a un cuidador cualificado o a un trabajador del hogar, o reduzcan su jornada laboral para poder dedicarse personalmente a su cuidado. Dotación: 300.000 euros. Ayudas a la contratación: 2.000 euros para un contrato temporal como mínimo de cuatro meses y 4.000 para uno indefinido. Se incrementa en 500 euros para familias monoparentales y numerosas. Ayudas a la reducción de jornada: oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros durante seis meses, según el porcentaje de reducción de jornada. También en este caso, la cuantía de la ayuda se incrementará en 500 euros en el caso de familias monoparentales, familias numerosas, víctimas de violencia o en situación de dependencia severa.
Contratación Beneficiarios: trabajadores en desempleo, con discapacidad, menores de 30 años, hombres mayores de 45 años y mujeres mayores de 40 años, parados de larga duración, perceptores de Renta de Ciudadanía y otros colectivos considerados prioritarios.Dotación: 300.000 euros. Ayudas: oscilan entre los 2.000 y los 5.000 euros por cada contrato temporal y entre los 4.000 y los 7.000 euros por cada contrato indefinido
Por otro lado, el Gobierno destinará 300.000 a incentivar la contratación. En concreto habrá ayudas que oscilarán entre los 2.000 y los 7.000 euros, con especial énfasis en la conversión de los contratos temporales en indefinidos. Asimismo, el Ejecutivo habilitará otros 300.000 euros para favorecer la conciliación laboral y familiar y la corresponsabilidad. Las familias que contraten cuidadores cualificados o empleados del hogar recibirán una ayuda entre 2.000 y 4.000 euros en función de su duración (500 más en caso de numerosas y monoparentales). Y aquellas que deciden reducir su jornada de trabajo para cuidar de personas dependientes y de hijos a cargo recibirán entre 1.500 y 3.000 euros. Todas estas actuaciones tienen carácter retroactivo con fecha 1 de julio.
La cuarta línea de actuación, todavía en proceso de planificación, está relacionada con el desarrollo de políticas activas de empleo y de Formación profesional. en este sentido, Andreu explicó que «ya se está trabajando intensamente» en el Plan regional que regulará todas las acciones en le periodo 2020.2023 y que, «según las previsiones, estará finalizado para diciembre» de este año.
La presidenta destacó que estas cuatro primeras acciones del pacto con patronal y sindicatos se han puesto en marcha «en un tiempo récord» y enfatizó que el Gobierno que preside «cumple con lo acordado», máxime cuando se trata de dar «certezas» en un momento «muy difícil» para «determinados trabajadores».
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El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, tras advertir de la importancia de «proteger a trabajadores y empresas», aseguró que el trabajo «no termina aquí». «Ya está constituida la mesa contra la economía sumergida y la competencia desleal y en próximos días lo harán las de incentivación de la inversión pública, y vivienda y urbanismo».
Por su parte, el secretario general de UGT-Rioja, Jesús Izquierdo, valoró que el Gobierno regional haya dado «respuesta» y «puesto el foco de antención» en «las necesidades de la clase trabajadora» y de «los colectivos más vulnerales». Su homólogo de CCOO de La Rioja, Jorge Ruano, incidió en la transcendencia de este acuerdo «que nos sitúa a la vanguardia» y que en el caso de los ERTE, favorece a los trabajadores más precarios «como son los jóvenes y las mujeres».
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