El Gobierno estudia un «bono familiar» para la gratuidad de la educación de 0 a 3 años

Ceniceros ha señalado que ya se está trabajando con los centros de Educación Infantil de Primer Ciclo, que se creará un grupo de trabajo y que se están estudiando diferentes fórmulas para hacer efectiva esa gratuidad, entre ellas un bono infantil aún por definir y concretar, y que se pagaría a todas las familias que escolaricen a sus hijos de entre 0 y 3 años, una edad en la que esa escolarización no es obligatoria.

Además ha recordado que «se está trabajando en la gratuidad de Educación» en el tramo 0-18 años y ha pedido a Diego Ubis (Cs) que «no se ponga la venda antes de la herida».

Desde la bancada socialista, Concha Andreu preguntó al presidente regional por qué el Gobierno de Mariano Rajoy no licitó en diciembre del 2017 las obras de la ronda sur si aseguraban que estaba el proyecto y había presupuesto.

Ceniceros respondió que su Ejecutivo ha realizado «un esfuerzo sin precedentes» en materia de comunicaciones y que con el Gobierno de Mariano Rajoy se «aprobaron los proyectos de trazado y construcción, se iniciaron las expropiaciones y las conversaciones con Avasa».

Así, trasladó la responsabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez, y defendió que «hace falta voluntad política para licitar esas obras con independencia de que haya que completar las expropiaciones y negociar con la concesionaria».

Además, el pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE en la que se insta al Ejecutivo a elaborar en dos meses un plan de acción sobre el deporte y la mujer.

Se trataría de aumentar la práctica del deporte y el ejercicio físico de las mujeres y de facilitar los recursos económicos, materiales y humanos, evitar la discriminación por razón de sexo, conseguir que la mujer sea para los jóvenes un referente en el deporte.

El plan habilitaría un instrumento de trabajo conjunto con entidades deportivas para garantizar la igualdad en el ámbito del deporte federado y eliminar las actitudes discriminatorias y sexistas en el deporte.

Por otra parte, y en respuesta a una pregunta de Podemos, Ceniceros ha asegurado que el Gobierno de La Rioja mantiene «un firme compromiso para facilitar a las familias el acceso a una vivienda digna y adecuada, atendiendo así una necesidad social básica y esencial».

Sobre la subida de los precios del alquiler, ha indicado que diferentes estudios constatan que el aumento del precio del alquiler en La Rioja se sitúa en el entorno del 10 %, «mientras las líneas de apoyo al alquiler del Gobierno riojano experimentan un aumento mucho más reducido: un 3,5 % la bolsa del alquiler, y ninguno, los alquileres sociales».

«En La Rioja ninguna familia se queda sin vivienda», ha afirmado Ceniceros, quien ha añadido que el Ejecutivo regional pone a disposición de los riojanos diferentes líneas de ayudas para favorecer la compra y el alquiler de vivienda habitual y permanente.

Entre ellas, ha destacado la bolsa de alquiler y las ayudas a inquilinos para el alquiler de su vivienda habitual y permanente.

En relación a la bolsa de alquiler, ha señalado que es un programa gestionado por el IRVI, que garantiza a los propietarios de viviendas el cobro de la renta y el mantenimiento en buen estado de su propiedad a cambio de precios asequibles para los inquilinos.

Ha precisado que, desde 2009, se mantienen más de mil contratos activos con un precio medio ligeramente superior a los 300 euros al mes.

Del mismo modo, ha explicado que las ayudas a inquilinos para el alquiler de su vivienda habitual y permanente cubren hasta el 40 % de la renta, que no podrá superar los 450 euros al mes; y ha señalado que, desde 2015, se han concedido más de 6.000 ayudas, con un presupuesto cercano a los 8,6 millones de euros.

El presidente se ha referido también a las medidas para ayudar a las familias más vulnerables, como las ayudas especiales al alquiler, el apoyo a las entidades sin ánimo de lucro que cuentan con programas de alquiler social, el alojamiento alternativo que se ofrece a aquellos que han perdido su vivienda o tienen problemas para el pago de la renta.

Ha aludido a la colaboración en la rehabilitación de viviendas municipales o propiedad de la comunidad para destinarlas, en régimen de alquiler, a familias con dificultades.

A estas medidas, ha indicado, se suma la ayuda al alquiler específica para los jóvenes, con el objetivo de favorecer su emancipación familiar, incluida en el nuevo Plan de Vivienda y que cubre hasta el 50 % de la renta anual, cuando en la convocatoria ordinaria se sufraga solo hasta el 40 %.

El portavoz parlamentario de Podemos, Germán Cantabrana, ha destacado el incremento del precio del alquiler en un 11 % en La Rioja en el último año.

También ha indicado que un 39 % de los jóvenes residen con sus padres por falta de medidas de apoyo a su emancipación y, según sus datos, cada vez hay más desahucios por impago de alquiler.

Para Podemos, ha recalcado el portavoz, «la vivienda es un derecho y no un negocio como se está gestionando actualmente».

Rebeca Grajea (Cs) ha defendido una proposición no de ley (aprobada con la abstención del PP) en la que ha instado al Ejecutivo regional que a su vez inste al central a que, de manera inmediata, proceda a transferir las competencias en materia de atención sanitaria penitenciaria con la correspondiente dotación económica. «Hablamos de justicia social», defendió Grajea.

Podemos y PSOE se mostraron a favor de esa medida y votaron a favor para normalizar la atención sanitaria por razones económicas y administrativas y para evitar la duplicación de la financiación de esa atención sanitaria. Desde el PP, cuyos diputados se abstuvieron en la votación, argumentó que si bien respaldan el fondo de la cuestión, es necesario que se coordine desde el Ejecutivo central para todas las comunidades autónomas

Por otra parte, el Parlamento de La Rioja ha rechazado la proposición no de ley presentada por Cs y defendida por Rebeca Grajea que pretendía regular la figura del enfermero escolar. Lo ha hecho con los votos a favor de la formación naranja y del PSOE, con la negativa del PP (14) y la abstención de Podemos (4).

Esa figura del enfermero escolar, apuntó Grajea permitiría «prevenir y promocionar la salud de los escolares. Este gobierno ha permitido que niños escolarizados con necesidades educativas especiales no hayan sido atendidos».

Jesús Ángel Garrido (PP) tildó la propuesta de Cs de ser «un brindis al sol que carece de crediblidad» al tiempo que recordó que «no se puede nadar y guardar la ropa al mismo tiempo».

Y es que, incidió Garrido, una medida como esta está vinculada tanto a la Ley de Función Pública como a la de Hacienda y requiere dotación presupuestaria: «Es difícil entender que un partido solicite la implantación de la figura en centros escolares sabiendo que hay que modificar la ley de presupuestos y, sin embargo, sean reacios siquiera a hablar de los presupuestos del 2019».

Los cuatro grupos Parlamentarios sí que han llegado a un acuerdo en la proposición no de ley sobre la atención y la inclusión del alumnado con dislexia en el sistema educativo público.

Así, las cuatro formaciones acordaron la redacción conjunta del texto de la proposición en la que se insta al Ejecutivo regional a dotar de material, profesorado y recursos especializados a los centros para atender a este alumnado además de promover la formación del profesorado y el diseño de los protocolos de actuación.

Además se insta a crear una unidad diagnóstica de referencia formada por profesionales del ámbito educativo y sociosanitario y la inclusión en el Grado de Educación Primaria y el Máster de habilitación del profesorado contenidos obligatorios sobre la dislexia, TDH, altas capacidades, autismo y otras dificultades específicas de aprendizaje.

El Pleno del Parlamento se ha cerrado con la aprobación con el respaldo de los votos del PSOE, Cs y Podemos a la proposición no de ley para afrontar un plan de actuación urgente sobre el trazado de la vía verde del Cidacos entre Calahorra y Arnedillo. Jesús María García (PSOE) denunció un «deficiente mantenimiento» de la vía con «problemas estructurales y en un estado deplorable».

Catalina Bastida (PP) por su parte, apuntó que su grupo no apoya la proposición socialista porque «existe un proyecto que ya se ha puesto en marcha desde el Ejecutivo regional» que cuenta con un proyecto y que está a expensas de que los Ayuntamientos por los que transcurre autoricen la intervención.

Uno de los que no lo ha hecho, aseguró el consejero de Agricultura, Iñigo Nagore, es el de Arnedo. «La licitación el proyecto es de 1.082.000 euros», concretó Nagore, que también apuntó que hay un proyecto general de mejora de todos los caminos verdes de la región.