El Gobierno estudia denunciar a Abogados Cristianos por sus «bulos malintencionados» sobre la educación sexual en las aulas

Frente a la denuncia de la entidad que preside Polonia Castellanos sobre las «barbaridades» con que a su entender se «adoctrina» a alumnos riojanos y el rechazo a la petición de los padres que han reclamado no asistir a esas clases, Andreu ha subrayado que la aplicación de cualquier programa docente reúne todas las garantías legales y se rige por criterios técnico-pedagógicos contrastados. «La Programación General Anual de cada centro es supervisada, evaluada y aprobada por el equipo directivo, el consejo escolar y los profesionales de la propia Consejería y es de obligado cumplimiento», ha abundado el titular de Educación, Luis Cacho, quien inscribió la maniobra liderada por Abogados Cristianos junto a la asociación 'Los niños son intocables' en un intento de atacar la autonomía pedagógica. Andreu ha extendido esa valoración al intento de transgredir el propio derecho a la libertad de cátedra. «El único objetivo es hacer ruido y amedrentar a la comunidad educativa; no lo consentiré», ha remachado animando a los profesionales a realizar su trabajo con la garantía de que el Ejecutivo les defenderá y lanzando un mensaje de tranquilidad a las familias.

El apoyo expreso de Andreu al Vicente Ochoa ha sido precisamente uno de los gestos que Castellanos ha afeado en su comparecencia previa, donde también ha adelantado que llevará a la Fiscalía las charlas que imparte la firma Serise «y que sospechosamente ha borrado de su web en qué colegios ha estado». «Que la presidenta de una comunidad se ponga del lado de una directora imputada (sic) sin oír a la otra parte es cuanto menos arriesgado, ya que debe avalar la igualdad y los derechos de todos», ha opinado para reconocer luego que la instrucción no ha arrancado -ni siquiera hay constancia de que la querella ha sido admitida a trámite- y que «cuando llegue el juicio, que todo se andará, podrá ir a declarar y presentar las pruebas que estime».