El Gobierno español «no se interpondrá» si la Justicia reclama a Gali

En rueda de prensa junto a su homólogo de Serbia, Nikola Selakovic, la jefa de la diplomacia ha puntualizado, según informa la agencia Europa Press, que cuando las «razones humanitarias» que permitieron el traslado concluyan «evidentemente» Gali «se marchará de España».

El líder del Polisario y presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se encuentra hospitalizado desde hace casi dos semanas en el hospital San Pedro, de Logroño, para recibir tratamiento contra el COVID-19. El Frente Polisario informó este lunes de que el estado de salud de Gali «está mejorando constantemente y avanza hacia la recuperación».

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado comprobar si el hombre identificado como Brahim Gali es realmente esta persona antes de citarle a declarar como investigado por la comisión de delitos de genocidio, asesinato, torturas y desapariciones cometidos presuntamente contra la población saharaui disidente refugiada en los campamentos de Tinduf (Argelia).

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 no ha rechazado, en principio, interrogar a Gali, tal y como solicitó la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) tras tener conocimiento de que podría haber sido trasladado hasta Logroño para recibir un tratamiento médico. No obstante, antes de proceder a su citación, ha acordado que se compruebe su verdadera identidad.

Preguntada sobre esta cuestión y si Gali dejaría el país de recibir el alta de forma inmediata, González Laya ha recalcado que «en España la Justicia es independiente» y el Gobierno es «exquisitamente respetuoso con la actuación de la justicia«.

Así pues, ha añadido, «la Justicia hará lo que tenga que hacer y el Gobierno lo respetará íntegramente como no puede ser de otra manera en un país democrático».

«Si la Justica entiende que tiene que comparecer, comparecerá», ha recalcado la ministra, insistiendo en que «no será el Gobierno de España el que se interponga en el libre funcionamiento de la Justicia« tanto en este caso »como en cualquier otro«.

Por lo que se refiere al malestar que la decisión del Gobierno ha suscitado en Marruecos, país con el que hay pendiente la celebración de una reunión de alto nivel desde diciembre, la ministra ha insistido en que se han dado «las explicaciones oportunas sobre las circunstancias que nos llevaron a acoger por razones estrictamente humanitarias« a Ghali.

El Ministerio de Exteriores marroquí convocó al embajador español en Rabat, Ricardo Díez-Horchleitner, el pasado 22 de abril para pedir explicaciones al Gobierno por su decisión, de la que no había sido informado con antelación. Además, este fin de semana el titular de Exteriores, Naser Bourita, no dio por suficientes las aclaraciones recibidas y, en una entrevista, planteó al Ejecutivo si está dispuesto a sacrificar su relación con Rabat por este asunto.

González Laya ha insistido en que la relación con Marruecos es «extraordinaria» y que los dos países no solo son vecinos sino «dos socios privilegiados».

En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros. «Tenemos una magnífica relación de vecindad», ha afirmado, incidiendo en que ambos países «están llamados a colaborar».