El Gobierno de España rechaza recurrir la Ley de Protección Animal ante el Constitucional

La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a contar con un informe del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en el que ve indicios de inconstitucionalidad en doce artículos de la norma riojana, fue confirmada ayer a primeras horas de la tarde a Diario LA RIOJA por fuentes de la cartera que dirige la ministra Meritxell Batet, un día después de la presentación el martes, por parte del Gabinete de José Ignacio Ceniceros y de 50 senadores populares, de sendos recursos de inconstitucionalidad contra la polémica norma nacida de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) de la Asociación Protectora de Animales de La Rioja.

Las mismas fuentes trasladaron la «sorpresa del Gobierno de España» ante la decisión del Ejecutivo riojano de no aceptar su propuesta de negociación a través de la vía prevista en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que contempla la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones.

«Es un procedimiento muy habitual entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas que tiene como objetivo primero reducir la conflictividad y segundo buscar acuerdos», se recordaba ayer desde el Ministerio de Política Territorial en su defensa de una vía, insistían, que «hubiese permitido la búsqueda de la solución adecuada, a través de una modificación de la ley o de una interpretación de la misma para ajustarla a la Constitución y evitar el recurso de inconstitucionalidad».

El rechazo rotundo desde el Palacete de Vara de Rey, no ha sentado bien. «El Ministerio, el Gobierno de España está sorprendido porque todas las comunidades, por lealtad institucional, aceptan este mecanismo de negociación», admitían las fuentes ministeriales, que, pese a la decisión de no recurrir, trasladaron su «tranquilidad» por el hecho de que, tras la presentación de los dos recursos de inconstitucionalidad, el Constitucional va a pronunciarse sobre una norma que incluso en el Gobierno de España ha generado muchas dudas.

De hecho el informe emitido por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a iniciativa de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de que la Comisión de Seguimiento de Actos y Disposiciones Autonómicas analizara la norma riojana el 13 de diciembre del pasado año, se plantean discrepancias en los artículos 2, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 37, 38, 39, 45 y 54 de la Ley de Protección Animal de La Rioja.

En este sentido, a lo largo de 12 páginas el Ministerio disecciona en un informe demoledor las discrepancias de la ley riojana, sobre la que advierte de que «no establece distingos en función del tipo de animal del que se trata». Las dudas sobre la constitucionalidad de algunos artículos y la posible vulneración de la normativa básica estatal y comunitaria son aún más rotundas en varios apartados dedicados al maltrato animal, a algunas obligaciones y prohibiciones o a la esterilización, entre otros. Y especialmente, el articulado de inspección y vigilancia, al considerar que «conculca la norma básica, que protege la inviolabilidad del domicilio, elemento de protección constitucional para los administrados, que la norma riojana no recoge, contraviniendo competencias exclusivas estatales».