El Gobierno endurece el acceso a las ayudas de alquiler para evitar fraudes

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha presentado hoy la nueva convocatoria, en una rueda informativa junto al director general de Vivienda y Urbanismo, Carlos Alonso.

Este año, como novedad, será obligatorio justificar unos ingresos mínimos para afrontar el pago del alquiler, con el objetivo de evitar situaciones fraudulentas, conseguir que las ayudas se destinen a quien verdaderamente lo necesita y que no se concedan de forma indiscriminada, ha detallado Cuevas.

Las ayudas tienen como destinatarios principales a las familias con más necesidades y a colectivos prioritarios, caso de familias numerosas o monoparentales con hijos a cargo, personas con dependencia o discapacidad, afectados por desahucios o víctimas de la violencia de género.

Cubrirán hasta el 40 % de la renta del alquiler de la vivienda habitual y permanente, con un máximo de 2.160 euros al año.

Otra de las novedades de esta convocatoria es que las cuantías serán siempre superiores para los colectivos preferentes, para los que se mantienen los mismos requisitos.

Se concederán por un periodo de 12 meses a partir de 2018 y un plazo máximo de tres años, aunque cada año será preciso, como se ha hecho en ejercicios anteriores, que el beneficiario vuelva a presentar la documentación exigida en la siguiente convocatoria para poder tener derecho a la subvención.

Los beneficiarios deberán tener unos ingresos inferiores a tres veces el IPREM (22.365 euros) y dedicar más de un 25 % de los mismos al pago del alquiler, cuyo precio será de 450 euros al mes como máximo, ha recalcado Cuevas.

La previsión del Gobierno es que la convocatoria del presente año en alquiler de vivienda llegue a unos 1.850 beneficiarios y el plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 11 de octubre.

Cuevas ha incidido en que la política social del Gobierno riojano en materia de vivienda es que ningún ciudadano con residencia en la comunidad se quede sin acceso a una vivienda digna, pero ha precisado que, para cada caso, existen unas modalidades de ayudas.

Ha recordado que en los tres últimos años se han concedido más de 4.000 ayudas a inquilinos, con un presupuesto de cerca de 6 millones de euros.

"Si sumamos las cifras de esta nueva convocatoria estaríamos hablando de cerca de 6.000 familias beneficiarias y un esfuerzo de casi 8,5 millones de euros del Gobierno de La Rioja", ha subrayado.

Ha recordado también que, desde 2014 y hasta 2017, el Gobierno riojano ha destinado 8,5 millones de euros en convocatorias de ayudas al alquiler para beneficiar a unas 6.000 familias.

El pasado año, por ejemplo, hubo 2.171 beneficiarios, con una dotación de 2,9 millones de euros, que fue una cifra "elevada", ha precisado Cuevas, quien cree que, a medida que haya más empleo, las necesidades de alquiler irán remitiendo y se optará por las ayudas al acceso a una primera vivienda, en especial, los jóvenes.

En este contexto, ha adelantado que el Gobierno riojano está a la expectativa del nuevo plan estatal de Vivienda 2018-2021, que, previsiblemente, reabrirá una nueva línea de ayudas, que es la del pago al acceso de la vivienda, una vez superados los peores años de la crisis económica.

El consejero ha destacado también los resultados satisfactorios de la "política social de vivienda del Gobierno de La Rioja para facilitar a las familias, en especial, a aquellas con más dificultades, una vivienda digna y adecuada a sus necesidades".

Cuevas ha incidido en que, además de las ayudas al alquiler de vivienda, el Gobierno de La Rioja también cuenta con otros instrumentos para apoyar a las familias más vulnerables en el acceso a una vivienda.

Así, ha resaltado el servicio de mediación para evitar desahucios, que desde 2013 ha evitado 800 desahucios; o la Bolsa de Alquiler del Gobierno de La Rioja, programas gestionados en ambos casos por el Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI); o el apoyo a los programas de alquiler social de entidades como Cáritas o la Asociación de Promoción Gitana.

También se ha referido a la línea específica para las familias en riesgo de exclusión social o afectadas por la pérdida de su hogar o el apoyo a la rehabilitación de viviendas municipales para que se puedan alojar familias vulnerables en régimen de alquiler social.