El Gobierno elimina el 60% de las subvenciones nominativas que se venían concediendo en La Rioja por «clientelistas»

Así lo acaban de dar a conocer el consejero de Hacienda y el portavoz del Ejecutivo, Celso González y Chus del Río, respectivamente, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno, que se ha autorizado el gasto de cinco millones de euros para hacer frente a determinadas subvenciones y facturas de este año. Unos fondos, han explicado, que no se deberían abonar, con la Ley en la mano, porque toda prórroga presupuestaria no conlleva la extensión del Anexo III.

González ha explicado que la Ley de Hacienda de La Rioja establece que «el ejercicio presupuestario coincide con el año natural y no permite adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de transferencias o subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos«. Por lo tanto, el consejero ha afirmado que «no existía habilitación legal para dar cobertura a las subvenciones nominativas recogidas en el Anexo III».

A su juicio, la gestión del anterior Gobierno «fue poco eficiente y transparente, por no llamarla de otra forma«, y »creó la confianza en los posibles beneficiarios de que estas subvenciones, sin ningún tipo de control previo, se iban a abonar, con lo que creó una expectativa que les generó un gasto ante el cual, el actual Gobierno, por responsabilidad, va a actuar». En total están comprometidos 20 millones de euros, de los que el nuevo Ejecutivo ha autorizado ya abonar cinco. Sobre los quince restantes ha explicado «muchos los pagó el anterior Ejecutivo».

Para acabar con «la discrecionalidad y la creación redes clientelares», el primer proyecto de Presupuestos de la era de Concha Andreu, elimina para el 2020 «más del 60% de las subvenciones nominativas que hasta ahora se venían recogiendo en el Anexo III, reconduciéndolas a través de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva o a través de contratos, según los casos». El propósito, ha añadido el consejero de Hacienda, es «aportar más transparencia y cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas».

En cuanto al gasto de cinco millones al que se ha dado hoy el visto bueno, González ha explicado que servirá también para el pago de facturas a diferentes empresas o entidades que prestan sus servicios a la Administración, como por ejemplo la vigilancia, la limpieza, servicios de comedor en centros de mayores, etcétera, y cuyos contratos no estaban en vigor. El consejero ha dicho que «hablamos de servicios esenciales, que no se pueden dejar de prestar y que nosotros, lógicamente, debemos de abonar». «Hay facturas que es preciso pagar, puesto que se ha prestado el servicio aunque no se haya seguido el procedimiento requerido por la Ley para contratar a estas empresas», eso sí, «evitando perjuicios a terceros«. »Una vez más y por razones de justicia social, este Gobierno tiene que reconducir una situación inadmisible , ha concluido.

En este sentido, el portavoz ha informado de que la presidenta ha dado órdenes a los servicios centrales de contratación de la Consejería de Hacienda para que de manera inmediata requieran a todas las consejerías para que elaboren y apliquen un plan de contratación anual, en el que figure la planificación de toda la contratación no menor en sus respectivos ámbitos competenciales«.