La Rioja elimina la cédula de habitabilidad en pisos nuevos para evitar duplicidades

Positivas y administrativas en el acceso a la vivienda es el principal objetivo de la ley de medidas urgentes cuyo anteproyecto aprobó este martes el Gobierno de La Rioja y que remitirá de manera inminente al Parlamento para su aprobación por procedimiento de urgencia y con lectura única con el fin de que pueda entrar en vigor incluso este mes de febrero. Y entre el articulado de la nueva normativa destaca una medida que ya se aplica en otras comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Cantabria o Castilla y León y que consiste en eliminar la cédula de habitabilidad para las viviendas nuevas así como las rehabilitadas o en los casos de un cambio de uso.

«Queremos acabar con la duplicidad que representa» la exigencia de está cédula –que concede la Dirección General de Vivienda de la Comunidad– «con las licencias de primera ocupación que conceden los ayuntamientos», explicó el portavoz, Alfonso Domínguez, tras el Consejo de Gobierno. De esta manera, el Ejecutivo atiende también una demanda de constructores y promotores inmobiliarios para «eliminar la ineficiencia administrativa y los trámites burocráticos», destacó el secretario general de la patronal del sector CPAR. Juan Ramón Liébana reconoció demoras «de tres y cuatro meses» en la concesión de esa cédula «porque se tarda mucho en hacer la inspección y el comprador no pueda entrar en la nueva vivienda, aunque esté acabada, pero sí tiene que seguir pagando intereses al banco».

La salida al mercado de las nuevas viviendas ya está sujeta a numerosos controles por parte de las administraciones para asegurar que son aptas para el uso residencial. Y la cédula de habitabilidad, cuyo coste oscila entre 19 y 11 euros en función de si la vivienda tiene más de 30 años –requiere una inspección más a fondo– o menos, «es una figura muy antigua y dictada en un contexto histórico muy superado». En cambio, sí se exigirá ese documento o la certificación de su vigencia en las segundas transmisiones y en los arrendamientos de vivienda «porque no hay control municipal previo».

Porque en las compras de viviendas nuevas la acreditación de los requisitos técnicos en materia de habitabilidad y del Código Técnico de Edificación se entenderá implícita con la firma del certificado final de obra. Y en los proyectos de rehabilitación o de cambio de uso se extenderá una licencia de primera ocupación –si se cumplen las condiciones de habitabilidad– estará vigente hasta el final de la vida útil de la edificación.

Las viviendas que, a la entrada en vigor de la ley, hubieran recibido la licencia municipal de primera ocupación o la calificación definitiva de piso protegido pero aún estuvieran pendientes de la emisión de la cédula de habitabilidad para primera ocupación no necesitarán esta última.

El anteproyecto aprobado este martes también incluye una rebaja de un punto, del 5% al 4%, del impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición de primera vivienda habitual por jóvenes de hasta 40 años. En este sentido, se amplía ese rango de edad porque hasta ahora los beneficiarios eran los menores de 36 años. Asimismo, también se elimina el requisito del límite de renta con lo que se podrá llegar a un mayor número de personas. El coste de esta medida supondrá un coste de 2,8 millones para las arcas del Gobierno y el ahorro medio para cada riojano ascenderá a 1.700 euros.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la inversión de 15 millones de euros para la construcción del nuevo colegio de Pradejón. El Ayuntamiento ha cedido hace pocas semanas la parcela, de 9.891 metros cuadrados y en la que ahora se ubica el CEIP José Ortega Valderrama que acoge a 422 alumnos de primer y segundo cursos de la ESO, y el siguiente paso es la licitación de las obras. El portavoz, Alfonso Domínguez, espera que las obras arranquen en la última parte del año, para el que se consignan 1,5 millones. En 2026 la partida económica reservada asciende a 7,8 millones y en 2027, a 5,6 millones.

Otras inversiones aprobadas por el Ejecutivo regional tienen que ver con consultorios de salud de Atención Primaria y con la contratación de seguros agrarios. Así, el Gobierno destinará 1,255 millones a subvenciones para entidades locales para el mantenimiento, la conservación, la ampliación y el equipamiento de estos consultorios. Y a petición de la Consejería de Agricultura, la Comunidad aportará casi 4,5 millones de euros para garantizar la cobertura en la producciones agrarias y proteger, durante este año, las explotaciones «frente a la siniestralidad» cada vez mayor.

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