Consenso con 15 ayuntamientos para no ir a juicio «por la firma de convenios con el gobierno en funciones del PP»

En ella, según expone el Gobierno, se ha alcanzado un consenso a partir del periodo de consultas iniciado por el exconsejero socialista de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, el pasado mes de junio. «Pese a que los convenios firmados por el gobierno en funciones planteaban serias dudas de legalidad dado que algunos de ellos no estaban contemplados en el Plan Estratégicos de Subvenciones, tanto la Oficina de Control Presupuestario como la Intervención General ya advirtieron del grado de discrecionalidad en la concesión y la insuficiencia presupuestaria para llevarlo a efecto, hasta el punto de que, el Consejo de Gobierno tuvo que aprobar una modificación de 4,5 millones de euros para afrontar los compromisos adquiridos», se cuenta en la nota. «Por todo ello, con el objetivo de salvaguardar el interés general, el Consejo de Gobierno aprobó la suspensión de la ejecución de los convenios y el inicio del procedimiento de lesividad preceptivo, considerándolo el más adecuado por abrir un proceso de consulta y negociación con los ayuntamientos, entendiendo que éstos no son responsables de la mala práctica en la que haya podido incurrir el anterior Gobierno regional», se añade.

«El objetivo de este procedimiento de lesividad siempre ha sido buscar la solución menos gravosa posible para todos de modo que los vecinos de los municipios no se vean perjudicados por la pésima gestión desarrollada por el PP en materia de política local, comprometiendo recursos cuando ya sabía que no iba a gobernar, actuando en funciones», ha expuesto Andreu.

El Ejecutivo explica que también que los convenios se firmaron entre el 2 de julio y el 14 de agosto del 2019 por un valor de 4.114.429,94 euros con los ayuntamientos de Berceo, Tudelilla, Manzanares de Rioja, Leza de Río Leza, Ajamil de Cameros (Torremuña y Larriba), Ocón, Nalda, Casalarreina, Cirueña, Tobía, Alcanadre, Bobadilla, Huércanos, Sojuela y Viniegra de Arriba. «Por los que a estos consistorios se les concedió de forma directa subvenciones para la realización de diferentes obras», se especifica.

La presidenta del Ejecutivo regional ha explicado que «muchos de los convenios están ya en fase de ejecución, por lo que consideramos que lo más adecuado era abrir este procedimiento y tratar de alcanzar soluciones con todos los afectados». «Así, se mantendrían los convenios de colaboración al entender que esta actuación supone el respeto al principio de legalidad y que el inicio de un proceso judicial sería en todo caso negativo para los ayuntamientos, para el Gobierno de La Rioja y específicamente para la población en general. Igualmente permitirán destinar recursos previstos para este año en una coyuntura económica difícil y que debe apoyar la reconstrucción socioeconómica de La Rioja», apunta el Gobierno.

Andreu también advierte de que el Gobierno de La Rioja ha puesto punto y final a estas «dudosas prácticas en la inversión de los recursos públicos». Así, «se va a proponer un nuevo modelo de financiación más justa y coherente y que colabore en la estrategia global de desarrollo de esta comunidad en lugar de la política sectaria, arbitraria y clientelar que ha promocionado el PP durante 24 años de Gobierno».

«A lo largo de la legislatura elaboraremos una Ley de Financiación Local para eliminar la arbitrariedad en la inversión de los recursos públicos porque este Gobierno entiende que la política respecto a los ayuntamientos tiene que estar basada en la equidad y en el interés general de los habitantes de esas localidades», cuenta la presidenta. «El Gobierno de La Rioja elaborará dicha Ley a lo largo de esta legislatura», ha concluido Andreu, «porque los convenios de colaboración con las entidades locales tienen que dejar de ser un instrumento para beneficiar a ayuntamientos afines y perjudicar a otros gobernados por otro color político», concluye.