El Gobierno central asegura que aún no hay cifras de reparto de menores entre autonomías

Fuentes de la Comisión Interministerial de Inmigración expusieron, ante la publicación en medios de comunicación de cantidades concretas de distribución de los menores, que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para comunicar y certificar el número de jóvenes que tienen ahora en sus sistemas de acogida. Después, se decidirá la capacidad ordinaria que debe tener cada territorio, «aplicando criterios homogéneos».

Según el texto, para llegar a esta cifra, siempre que las comunidades no determinen otra cosa por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia, se dividirá la población total del país entre el número de menores que hay en el conjunto del territorio y, después, se dividirá la población de la región entre el número obtenido anteriormente.

Después, continuaron las fuentes, en la Conferencia Sectorial de Infancia se establecerá la distribución «con cifras concretas y ajustadas a la realidad del momento», siguiendo los criterios del real decreto ley, si no se establecen otros por unanimidad entre las comunidades.

Estos factores son: la población de la comunidades (50%), su renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo de acogida realizado (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), la dispersión de la población (2%) y otras características geográficas como ser una ciudad fronteriza (2%) y la insularidad (2%).

Respecto a la financiación de las medidas de acogida, el Estado compensará económicamente a las comunidades autónomas únicamente cuando, como resultado de la reubicación de menores extranjeros no acompañados, acojan a más menores de los que les corresponde por población.

Así se desprende del real decreto ley, publicado el miércoles por el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entra en vigor este jueves, por el que se articula un mecanismo de derivación de los jóvenes desde comunidades de llegada con sus recursos asistenciales tensionados, como Canarias y Ceuta, a otras regiones.

El texto prevé para este modelo, que significará el traslado durante el primer año de 4.000 menores de Canarias y 400 de Ceuta, la dotación de un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia que en 2025 contará con 100 millones de euros.

Este servirá, según el decreto ley, para «compensar íntegramente» a las comunidades por los costes ocasionados por la sobreocupación causada por los menores trasladados desde otra región si estos exceden la capacidad ordinaria de su sistema de protección y tutela.