El Gobierno firma con UGT y CCOO el acuerdo de mejora del empleo público

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha firmado hoy este acuerdo con los representantes del área pública de ambos sindicatos en la Mesa General, Fernando Domínguez, por parte de UGT y con Mikel Bujanda, de CCOO.

El acuerdo se ha ratificado en presencia de los dirigentes de UGT, Jesús Izquierdo, y CCOO, Jorge Ruano; el consejero de Administración Pública, Alfonso Domínguez; y la directora general de Función Pública, Begoña Lema, según recoge Efe en una nota.

Tras firmar el acuerdo, el presidente, en una conferencia de prensa, ha agradecido a ambos sindicatos el «diálogo» con el Ejecutivo y su «voluntad de cooperación» y ha destacado la «actitud receptiva» de ambos sindicatos en los planteamientos que en su día hizo el Gobierno al hacer una programación económica y temporal, durante la crisis, de cara a esos derechos de los empleados públicos que fueron suspendidos.

Ceniceros ha señalado que el acuerdo con los sindicatos «va más allá de la recuperación de derechos» e incluye medidas de mejora del empleo público.

Respecto a los puntos del acuerdo, que complementa al firmado en mayo de 2016, el primero recoge el compromiso de reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta alcanzar las 35 horas en 2020 en todos los sectores, y 18 horas en Educación para ESO y FP.

El acuerdo contempla además el pago íntegro de las bajas por enfermedad, con efectos de la fecha de publicación del decreto que lo regule, a lo que los sindicatos han añadido que esperan que pueda materializarse lo antes posible.

Asimismo, se ha acordado la equiparación progresiva de los permisos de paternidad y maternidad de hasta 20 semanas antes de que finalice 2023 y destinar en el ejercicio 2018 un 0,20% de la masa salarial a la carrera profesional de los empleados públicos.

Además, se ha alcanzado un acuerdo para que en las ofertas de empleo público se convoquen el número máximo de plazas permitidas con el objetivo de reducir la temporalidad al 8 %.

El Ejecutivo también ha reactivado la carrera profesional y ha aprobado incrementos retributivos (hasta un 3,75% acumulado en esta legislatura).

Ceniceros ha informado, además, de que se negocia un concurso de méritos y se está cubriendo al 100% las tasas de reposición de los empleados públicos.

Estas medidas «definen un escenario de recuperación de los derechos suspendidos», ha afirmado Ceniceros, quien ha cifrado en más de 37 millones de euros el coste total de todas ellas, cantidad que, según ha avanzado, alcanzará los 86 millones de euros cuando se hagan efectivas todas las medidas.

Ceniceros ha reiterado el compromiso de su Gobierno con la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y ha señalado, entre los retos más inminentes, la reducción de la temporalidad, «con una oferta de 177 plazas de Administración general y Sanidad«.

A estas plazas se suman las más de 200 de Educación y la aprobación de la nueva Ley de Función Pública, que ayude a disponer «de una Administración a la vanguardia en la prestación de los servicio públicos».

El representante del área pública de UGT en la Mesa, Fernando Domínguez, ha precisado que este sindicato está «satisfecho» con la firma de este acuerdo, que permitirá, ha dicho, la recuperación de derechos de los empleados públicos y la ampliación de otros, como lo referente a los permisos de paternidad y maternidad.

Ha precisado que las negociaciones han sido «duras», pero el acuerdo es «mérito de los empleados públicos y de lucha en los últimos seis años, con movilizaciones en la calle», manteniendo el nivel de calidad de los servicios públicos.

Mikel Bujanda, en representación de CCOO, también ha afirmado que este acuerdo ha sido fruto de la «negociación y movilización permanente» en la calle para reivindicar la recuperación de los derechos, la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la calidad de los servicios públicos.

Bujanda ha recalcado que CCOO «está razonablemente satisfecho» con este acuerdo, que «tiene una mezcla perfecta entre lo posible y lo necesario» y ha asegurado a los sindicatos no firmantes que «tendrán que explicar que conseguir las 36 horas semanales -en enero próximo en la mayor parte de los sectores- es complicado».

Finalmente, ha subrayado que este acuerdo debe servir también para hacer una llamada a la patronal para avanzar en el diálogo social al resto de trabajadores y conseguir convenios colectivos que incluyan salarios no inferiores a los 14.000 euros anuales.

Los tres han remarcado que «con este acuerdo no sólo se recuperan los derechos, sino que se logran nuevas conquistas, tanto económicas como sociales».

En referencia a los sindicatos que no han querido suscribir el acuerdo, han destacado que es «realista», ya que «debía ser progresivo y no maximalista» como pretendían los sindicatos que no han firmado.