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Los pensionistas riojanos acumulan ya una pérdida de más de cinco puntos de poder adquisitivo. La nómina media mensual al 1 de julio ascendía a 1.073,5 euros en la comunidad, el 5,6% más que en el mismo mes del año pasado, ... frente a una inflación que en ese periodo ha crecido el 10,8% en el conjunto del país, que es la tasa que se toma como referencia para la revalorización de estas prestaciones. Si se atiende al IPC regional, la pérdida de capacidad de compra es de 6,1 puntos.
En términos absolutos, el Estado abona mensualmente en La Rioja 76,9 millones de euros en pensiones, de las que el 68,2% corresponde a las de jubilación. Replicando sobre ellas la escalada alcista de los precios (10,8%), el importe a pagar ascendería a 148,3 millones de euros mensuales, 41,4 por encima de lo que en la actualidad ingresan los pensionistas riojanos en sus cuentas bancarias. Así, para 2023, la factura total (catorce pagas) se incrementaría en 579,6 millones en La Rioja hasta llegar a los 1.656,2 millones de euros. Pero es que, aun con esta traslación automática, los beneficiarios riojanos no verían compensado el hecho de vivir en la tercera comunidad más inflacionista del país con un registro del 11,7%: todavía serían necesarios otros 42,6 millones para equilibrar sus cuentas.
No obstante, diversos servicios de estudios prevén que la inflación cierre el año en el entorno del 8%. En ese caso, el desfase para los pensionistas riojanos se quedará en algo más de 35,4 millones al mes, lo que supondrá para 2023 un gasto extra de 495,6 millones. En el conjunto del país significará sumar más de 18.000 millones a una factura ya abultada, cuyo presupuesto para este año asciende a 170.494 millones de euros.
De momento, y si el Gobierno central de coalición no cambia su política, ese dinero les llegará a los pensionistas tras la actualización que se calcula en noviembre. El actual mecanismo de revalorización de las pensiones sustituye al de 2013 que introdujo el Gobierno del PP, que determinaba la evolución conforme a la situación financiera de la Seguridad Social y que, dado su déficit estructural, estableció subidas anuales del 0,25%.
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