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El último informe del Tribunal de Cuentas sobre las contrataciones de emergencia realizadas con motivo de la pandemia COVID-19 en las comunidades y ciudades autónomas sin órgano de control externo propio, como el caso de La Rioja, detalla que «se han detectado contratos en los ... que la justificación de la tramitación de emergencia ha de calificarse como indebida, inadecuada o insuficiente y supuestos que ponen de relieve una defectuosa planificación de la gestión contractual que, de haberse planificado correctamente, hubiera evitado tener que acudir a la emergencia». Este organismo fiscalizador de los contratos de las administraciones públicas «acredita que el Gobierno Andreu pudo malgastar dinero público en la compra de material sanitario» durante la epidemia del COVID, ha denunciado este miércoles el portavoz del PP en el Parlamento riojano, Jesús Ángel Garrido.
Este informe del Tribunal de Cuentas, desvelado la semana pasada por Diario LA RIOJA, «avala la necesidad de revisar los contratos públicos» realizados por el Ejecutivo regional, en concreto 30 de ellos firmados en 2020 y que fueron realizados por procedimiento de emergencia, ha añadido Garrido. Porque la conclusión es la «posible existencia de un perjuicio económico para las arcas riojanas». Por este motivo, según el dirigente del PP, «se fundamenta aún más la necesidad de poner en marcha la comisión de investigación sobre la adquisición de material sanitario creada en el Parlamento a instancias de nuestro partido».
Fue solicitada el pasado 21 de julio y fue el 29 de septiembre cuando se informó al pleno de la Cámara de la creación de esta comisión de investigación. Pero casi un mes y medio después, el presidente del Parlamento, el socialista Jesús María García, «no ha convocado a los miembros de la comisión para que inicien sus trabajos, una actitud deliberada para obstaculizarla». El PP volverá a presentar un escrito para «superar este bloqueo» y tratar de que se reúna por primera vez la comisión.
Garrido ha centrado sus críticas en dos contratos, uno firmado por la gerencia del Servicio Riojano de Salud (Seris) el 14 de mayo de 2020, en plena pandemia, para la compra de 400.000 batas por más de dos millones de euros y de siete millones de guantes de nitrilo por 341.000 euros, por una duración de seis meses. «El Tribunal de Cuentas señala al respecto que haber establecido un plazo de ejecución de seis meses es excesivamente largo en caso de suministro de emergencia por un precio fijo, porque no se beneficia de la eventual variación de precio de los productos sanitarios», ha censurado. Asimismo, el órgano fiscalizador «aporta novedades sobre la compra de 950.000 mascarillas falsas a la empresa Tech Pharma Europe por valor de 3,4 millones de euros. El informe apunta que solo 59.000 mascarillas reunían los requisitos, con lo que el 94% del material no cumplía los términos del contrato». Cuando se elaboró el informe del Tribunal de Cuentas, a finales de septiembre de este año, «no consta información que haga referencia a la devolución del dinero indebidamente pagado por este contrato».
El Partido Socialista ha defendido la gestión que el Gobierno de Concha Andreu y todas las empresas de la región realizaron durante la crisis del COVID-19. Señalan desde el PSOE que la gestión de Andreu «sirvió para fabricar mascarillas, delantales o batas donde no había» y «lo hizo sin ningún apoyo de la oposición».
«En La Rioja no hubo ni comisiones a familiares ni desvaríos económicos, como si aconteció en la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso», acusan los socialistas para añadir que el PP busca «de la nada algo para desacreditar a la presidenta Andreu y a las empresas riojanas que trabajaron para salvar vidas».
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