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CaixaBank ya ha puesto las cifras de su expediente de regulación de empleo (ERE) sobre la mesa, tras completar la integración legal con Bankia. La entidad ha transmitido esta mañana a los sindicatos su intención de que afecte en La Rioja a ... 123 trabajadores, lo que supone un tercio de la plantilla total tras su fusión, que asciende a 377 personas en La Rioja: 119 de CaixaBank y 258 del banco en el que se integró la extinta Caja Rioja con varias entidades de ahorro, entre ellas Caja Madrid. La mitad de las bajas corresponderá a trabajadores menores de 50 años.
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En el conjunto de España, el plan de ajuste del nuevo grupo financiero afectará, según los planes presentados por la dirección, a 8.291 trabajadores, lo que equivaldría al 18% de su fuerza laboral, y conllevará el cierre de 1.534 sucursales, el 27% de la red actual. La corporación no ha detallado el impacto en las oficinas por comunidades.
Según ha explicado a este diario el responsable confederal del Sector Financiero de UGT, Víctor Miravete, las 123 salidas en la región comunicadas hoy por el grupo «es el objetivo máximo que se plantean y ahora vamos a ver cómo se desarrolla el proceso de negociación« que, en todo caso, tiene que estar finalizado dentro de unos dos meses, según el calendario que maneja la dirección del nuevo banco «y hemos conocido por la prensa».
Miravete ha añadido que «la primera impresión» del sindicato es «muy mala». De hecho, la central califica el ERE de «salvaje y vergonzoso», porque «esperábamos un ajuste grande, pero no tanto, sobre todo con las medidas que han arbitrado de voluntariedad que, prácticamente, es ninguna». Es decir, «han tirado por el camino del medio, porque pretenden que la mitad del ajuste sea soportado por personal de menos de 50 años y esa voluntariedad ya sabemos que no va a existir». «Lo lógico -ha añadido- es que lo enfoquen más a las prejubilaciones y a las bajas incentivadas para mayores de esa edad».
Por todo ello, la central ugetista concluye que la propuesta que la entidad ha realizado «nos aboca al camino del conflicto y la movilización«.
Por su parte, la dirección de CaixaBank ha informado en una nota de prensa que acaba de hacer pública que, «tras un detallado análisis de las necesidades de la red comercial y de los servicios corporativos», ha llegado a «la conclusión de que es necesario poner en marcha un ERE» por «motivos productivos y organizativos, dadas las duplicidades y sinergias derivadas de la fusión y las circunstancias actuales del mercado».
La dirección explica, además, los factores que se aplicarán en el proceso. Por un lado, «la voluntariedad, como criterio preferente, aunque siempre teniendo como límite máximo el cupo de excedente identificado en cada territorio o área funcional y estableciendo medidas que eviten el desequilibrio generacional». Por este motivo, «se plantea que el porcentaje de personas trabajadoras mayores de 50 años que se adscriban voluntariamente al plan de bajas no podrá superar el 50% del total de salidas». Y el segundo factor será «la meritocracia», tras la aplicación de la voluntariedad «que garantice el equilibrio generacional».
Durante la reunión de esta mañana, añade el grupo financiero, «se ha planteado también la propuesta de indemnización para las extinciones de contrato y se ha trasladado el compromiso de la entidad con un plan de recolocación y acompañamiento de todas las personas afectadas para facilitar su incorporación y adaptación a un nuevo puesto de trabajo, que será absolutamente diferencial y del que se dará más detalle en próximas reuniones«.
El comunicado termina asegurando que, «una vez que el nuevo marco de condiciones sostenible y unificado esté vigente, se pretende, como norma general, que los empleados mantengan su remuneración actual, salvo que las nuevas condiciones acordadas supongan una mejora, en cuyo caso se aplicará con la progresividad que se acuerde». Estas nuevas condiciones »serán también las que se aplicarán a los nuevos empleados que se puedan incorporar en el futuro». Además, se introducirán cambios en las condiciones laborales para avanzar hacia un marco «sostenible y unificado», relacionados fundamentalmente con la remuneración y la previsión social, así como con «cuestiones vinculadas a la flexibilidad necesaria para avanzar en el modelo de negocio y mantener la sostenibilidad de la red rural».
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