Cambia cree que el desfile es «un simulacro de Estado de excepción»

Blanco ha realizado estas declaraciones en una rueda informativa recogida por Efe, en la que también ha participado la coportavoz de Equo, Noelia González.

«Cada vez más ciudadanos están tomando conciencia de que este tipo de actuaciones no benefician a nuestra ciudad», ha señalado Blanco, quien se ha preguntado «por qué poner patas arriba» Logroño para el desfile de las Fuerzas Armadas del próximo día 26.

Ha señalado que esta celebración conlleva cortar calles de la ciudad y afecta a su mobiliario urbano, ya que se quitan farolas, bancos, semáforos y pasos de cebra, algo que «produce un quebradero de cabeza a los ciudadanos».

Los comerciantes de la zona en la que se desarrollará este desfile no pueden realizar su trabajo de forma correcta durante cinco días y sufren problemas como la inmovilidad de sus vehículos, ha especificado.

También se ha referido a «la identificación indiscriminada como si fueran delincuentes» de los vecinos de la calle Vara de Rey que se realizó hace semanas, una acción «poco propia de un sistema democrático».

Ha detallado que el Ministerio de Defensa destinará unos 733.000 euros a la celebración de este día, mientras que la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra, cifra en unos 40.000 euros lo que costará esta iniciativa a la ciudad, aunque Cambia Logroño estima que el coste será mayor.

«Todo este dinero para un desfile de menos de media hora», ha recalcado Blanco, quien ha incidido en que no entiende que se destine esta cifra económica a defensa mientras existen recortes en sanidad y educación, pero «al PP solo le importa gastar dinero en desfiles para echarse fotos».

Esta concejala ha especificado que su grupo no tiene nada en contra de los militares ni de los trabajadores públicos y ha indicado que «existen necesidades de personal» entre policías y bomberos, quienes «van a tener que hacer horas extras para este simulacro de Estado de excepción».

«La muestra pública de armas como orgullo nos crea profundo rechazo, normalizar la violencia en el siglo XXI es una irresponsabilidad», ha subrayado González, quien ha añadido que es algo que los cargos públicos «deberían replantearse».