Huércanos: el frontón que se adelantó a su proyecto de urbanización

El último fallo, fechado el pasado 25 de junio, echa por tierra el recurso presentado por el Ayuntamiento de Huércanos (que dirige desde el 2003 por el popular Roberto Varona, expresidente de la Federación Riojana de Municipios), al que condena al pago de las costas (hasta 1.000 euros) y confirma que el proyecto de urbanización de la zona (en la que recientemente se han construido las piscinas municipales) nunca ha gozado de validez.

La cronología del caso se remonta hasta el 2008, cuando la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (Cotur) aprobó el Plan General Municipal de Huércanos. En ese documento se delimitó la denominada unidad de ejecución UE-1 de suelo urbano no consolidado (una docena de parcelas catastrales ubicadas entre la travesía de la carretera de Uruñuela, la LR-322, y el camino del Soto con una superficie de más de 26.000 metros cuadrados). Su reparcelación (en la que el Ayuntamiento logró un terreno dotacional de 10.000 metros destinado a acoger las instalaciones deportivas) pasó por los tribunales y fue aprobada en julio del 2012 repartiendo los gastos de urbanización entre los propietarios de los terrenos.

El siguiente paso del imbricado proceso fue la elaboración del proyecto de urbanización (previo a cualquier intervención) de la zona, aprobado inicialmente a finales del 2016 y definitivamente en febrero del 2017 (para entonces el frontón y el polideportivo llevaban ya casi tres años en funcionamiento), pero ahora ha quedado anulado tras el recurso de varios propietarios que denunciaban que el Ayuntamiento, de manera injusta, incluía en los costes la actuación prevista en la travesía de la carretera a Uruñuela, lo que disparaba la factura total (de unos 700.000 euros). Esa es también la opinión del TSJ y del Juzgado de lo Contencioso que en sendos fallos apuntan que al menos «las obras de desagüe y escorrentía para evacuación de aguas de la carretera autonómica y los costes de iluminación» tiene un beneficio general &ndash«da servicio a cualquier ciudadano»&ndash y no es exclusivo de los propietarios de las fincas.

De igual manera, la justicia acusa al proyecto de urbanización de no justificar ni prever los accesos rodados a las parcelas colindantes con la carretera autonómica LR 322 y recuerda que la esencia de estos proyectos «es el carácter integral de las obras de urbanización» algo que, en este caso, no se logra al no «convertir en solar la totalidad de las parcelas». No es una cuestión menor. Sin esa consideración, no se puede edificar.

Así, el TSJ confirma la anulación de un proyecto de urbanización «que no completa todos los extremos» exigidos pero que, paradójicamente, ya cuenta con sus dos primeras construcciones el polideportivo y las piscinas.