El Fórum Canario Saharaui sigue esperando las «explicaciones» del Gobierno sobre el «turbio» caso Gali

Por otro lado, han alertado de la agresión sufrida en El Aaiún por la esposa de uno de los querellantes contra Brahim Gali, el ciudadano español de origen saharaui Fadel Breica, por parte «presuntamente de saharauis afines al Polisario». Así como «las represalias que familiares de miembros del Movimiento Saharauis por la Paz, opositor al Polisario, están sufriendo en los campamentos de Tinduf en lo que a la recepción de su cupo de víveres de ayuda humanitaria se refiere». Un «hecho infame e inhumano que debe parar inmediatamente».

Asimismo, han reprobado que los representantes del Polisario «continúan enmarañando el caso entre los medios y opinión pública españoles, con sus habituales ambigüedades y medias verdades a la hora de manifestarse. En este caso a través de uno de los hombres de confianza de Ghali, Salem Lebsir«.

«Este tipo de forma de proceder, arbitraria, unilateral e improvisada, es habitual entre los dirigentes del Polisario, donde uno nunca sabe que es verdad o mentira de lo que afirman», han reseñado.

Sobre el reciente fallecimiento por coronavirus de uno de los querellados junto a Gali en la Audiencia Nacional, Sidahamed Batal, que nos ha dejado «tras eludir a la justicia, debemos poner de relieve su abominable perfil». Reconocido como «uno de los principales torturadores del Polisario, como así figura en la misma causa contra Gali, es considerado por algunos saharauis consultados como el equivalente saharaui al Duch de los Jemeres Rojos. Años más tarde, Batal pudo arreglárselas a través de sus influencias para conseguir pasaporte español, el país al que tanto castigó, e incluso beneficiarse de una pensión por discapacidad visual».

Para el Fórum Canario Saharaui «asistimos una vez más al fracaso de la pretendida sociedad igualitaria que preconizaba el Polisario desde sus orígenes, en detrimentos de las desigualdades tribales y el perenne trato de favor hacia los dirigentes del Frente Polisario». Todo esto ocurre mientras «su gente pasa infinidad de penurias en el infierno del desierto, ahora más si cabe con el agravante del Covid-19, donde unos tienen más probabilidades que otros de sobrevivir en función del cargo que ostentan o de su posición en el escalafón social».

Por otra parte, y «hablando de privilegios, estos días se ha conocido la contratación por parte de Gali del letrado Manuel Ollé como su representación legal en su próxima comparecencia ante la Audiencia Nacional«. Sin duda »produce sonrojo leer sus manifestaciones al respecto de las causas pendientes de Ghali, refiriéndose a ellas con el mismo, o incluso mayor desprecio que el antes referido Lebsir. Con un tono más propio de un militante o activista que de un profesional del derecho«.

Para concluir, la entidad ha puesto en evidencia que en los campamentos de Tinduf «han sucedido violaciones de derechos humanos desde que estos existen, por parte de aquellos que lo gobiernan hacia su propia población disidente«. Pero la opinión pública española »no se enterará nunca, porque la construcción del relato sobre la cuestión del Sáhara en España impide asumir esta realidad, donde el marco en este tema está bien delimitado en la otra contraparte, algo que impide siquiera plantear que aquellos que históricamente se han presentado como víctimas, sean también verdugos«.