La Fiscalía se alinea con el juez y avala archivar la querella por genocidio contra Gali

En su informe del 28 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Pedro Martínez Torrijos señala que procede acordar el sobreseimiento libre de la causa para Gali al considerar que los hechos han prescrito.

El Ministerio Público explica que los hechos habrían ocurrido entre 1974 y 1990, por lo que el Código Penal (CP) aplicable es el de 1973, que establece un periodo de prescripción de 20 años, si bien la querella no fue admitida hasta el 16 de agosto de 2012.

«En conclusión, queda constatado que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 113 del Código Penal de 1973», indica el fiscal, que por ello no entra a valorar si los hechos podrían constituir el delito de genocidio regulado por el CP actual.

No obstante, sí resalta «la inexistencia de elementos probatorios» que demuestren la participación de Gali en los hechos denunciados en la querella y por los testigos que han comparecido.

Además, aprecia «contradicciones» entre las afirmaciones realizadas en la querella y estos testimonios, así como «una insuficiencia manifiesta de detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos» y de detalles concretos de la participación de Gali, lo cual «resta credibilidad a los testimonios prestados e impide mantener la imputación» contra el líder polisario.

Martínez Torrijos apunta en cualquier caso que no observa el elemento subjetivo que forma parte del delito de genocidio, esto es, «la intención conjunta que guía según la querella a los asesinatos y torturas a los disidentes de destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen».

A su juicio, «no hay rastros de esos subgrupos en los que (ASADEDH) divide al pueblo saharaui según su localización geográfica», por lo que advierte de que «se trata de forzar la norma penal para lograr la calificación indicada».

En base a los mismo argumentos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acordó el pasado 1 de octubre concluir el sumario sin procesar a Ghali, enviando el conjunto de las pesquisas a la Sala de lo Penal para que se pronuncie sobre el camino a seguir con esta querella.

ASADEDH se querelló contra 23 agentes del Frente Polisario, incluido Ghali, y cuatro miembros de la seguridad argelina por graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que iría de 1975 a 1990. En concreto, denunció una «limpieza étnica» contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

La de ASADEDH no es la única querella contra Gali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

De acuerdo con Breica, al llegar allí agentes del Frente Polisario le amenazaron para que se fuera pero, lejos de hacerlo, organizó protestas, siendo arrestado y trasladado a centros de detención clandestinos donde habría sufrido golpes y descargas eléctricas, entre otras prácticas.

Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.

Debía haber declarado el 29 de junio, pero tuvo que aplazarse al 27 de julio por problemas en la obtención del visado para venir a España. A día de hoy estos problemas persisten, por lo que Pedraz ha suspendido la testifical y sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, investiga si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Gali de España en una causa que tiene como principal imputada a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya.

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Gali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, el juez acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.