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El abogado D. N. C. se sentó este lunes de nuevo en el banquillo de los acusados en la Audiencia Provincial de Logroño y lo hizo para enfrentarse a tres años de cárcel por una presunta estafa y a una multa de 1.920 ... euros por supuestamente perjudicar los intereses de su representado.
Finalmente, en la vista celebrada este lunes, la acusación pública acordó rebajar de 3 a 2 años de prisión por la estafa y elimina el segundo de los delitos. Por su parte, la defensa del acusado solicitó su absolución.
De acuerdo el escrito del fiscal, D. N. C., que ya fue condenado en junio del pasado 2022 a dos años de prisión por estafar a una clienta, fue contratado en mayo de 2019 para interponer una demanda de reclamación de daños y perjuicios. En ese momento presentó a su cliente unos honorarios, supuestamente para todo el procedimiento, de 5.747,5 euros, de los que tenía que abonar la mitad al comienzo del contrato. El 22 de mayo le pagó 2.873,75 euros y el 13 de junio el acusado se volvió a poner en contacto con él y le explicó que, para interponer medidas cautelares, debía abonar otros 1.652 euros y su cliente accedió a abonar 407,75 euros. El 31 de julio volvió a comunicarle que el procurador había presentado ya la demanda y las medidas y le pasó un cargo complementario de 398,90 euros, «asegurándole que ya estaba presentada la demanda y que ya no habría gastos nuevos». Su cliente realizó la transferencia el 5 de agosto de 2019. Desde entonces no volvió a ponerse en contacto con el perjudicado y la demanda no llegó ni a presentarse, por lo que el cliente decidió acabar con el contrato el 13 de enero del 2020. Le reclamaba los 3.680,40 euros abonados.
Este mismo abogado se enfrenta el miércoles, en el banquillo de la Audiencia a nueve años de cárcel e inhabilitación por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y deslealtad a sus clientes.
El Ministerio Fiscal considera que el acusado «ideó un plan con la finalidad de obtener un ilícito beneficio económico apoyándose en su credibilidad profesional y en la relación abogado-cliente que mantenía».
Así, según relata el escrito de acusación, a finales de 2013 dos particulares le contrataron para reclamar judicialmente frente a una entidad bancaria la nulidad y devolución del importe por la suscripción de unas obligaciones. Al final, el acusado incorporó a su patrimonio 12.940,19 euros de unos clientes y 5.493,77 euros de los otros.
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