El fiscal pide tres años de cárcel para el exalcalde de Viguera por presuntas malversación y prevaricación

De acuerdo con el relato que hace la Fiscalía en el escrito al que ha tenido acceso Diario LA RIOJA, desde 1994 la limpieza de las dependencias municipales la realizaba una única persona a la que le abonaban un salario de unos 1.100 euros trimestrales. En el 2012, el acusado, entonces alcalde, licitó este servicio y a la finalización del plazo sólo se habían presentado dos personas. Llegado el momento de abrir las ofertas, había cuatro y de las dos nuevas, una pertenecía a la hija del alcalde y la otra, a la cuñada. Finalmente, Francisco Jalón adjudicó el contrato a su propia hija por 736 euros al mes. Dadas las advertencias de ilegalidad por parte de la secretaría, el regidor de Viguera anuló el proceso, pero las protestas de su hija hicieron que se lo otorgara de nuevo.

Durante su mandato, añade el fiscal, cuya investigación arrancó a raíz de la denuncia presentada por los concejales del PP del municipio, el Ayuntamiento pagó varias facturas por valor de 1.628,40 y 1.775,80 euros a la mercantil 'Patrimonios Virgen del Rosario 4, S.L.', propiedad al 100% del alcalde y de su esposa, a la que el Consistorio nunca adjudicó nada.

En el relato de hechos que previsiblemente sentarán al exregidor en el banquillo, el fiscal se detiene en marzo del 2013. Ese mes, sin someterse a ningún procedimiento de cumplimiento obligatorio como así se lo había señalado la secretaria en un informe en el que se hacía referencia a la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja y a la Ley del Suelo, entre otras, el alcalde dictó una orden de abono de 370 euros al propietario de unos terrenos situados en la calle Iregua. El dueño aceptaba que se ejecutaran ciertas obras necesarias para el Ayuntamiento en su propiedad. A cambio el Consistorio se hacía cargo del IBI y de la limpieza para el mantenimiento del inmueble.

Otro de los hechos que el fiscal imputa a Jalón ocurrieron en verano del 2013. El Ayuntamiento necesitaba socorristas en las piscinas municipales y sin seguir ningún procedimiento se contrató a dos personas que ni habían presentado su curriculum ni siquiera una solicitud. Las nuevas socorristas resultaron ser la hija de otro concejal de su mismo partido político y la hermana del asesor legal del Ayuntamiento, también del PR+. A cada una de ellas les pagaron 586 euros por el mes de junio, 1.100 en julio y 1.000 en agosto, además de un finiquito de 344,48 euros.

La última de las actuaciones que cuestiona el Ministerio público, fue la incoación el 22 de agosto del 2012 de un expediente disciplinario a la secretaria con el fin de expulsarla del municipio. Una decisión que, según el fiscal, tomó por ser esta mujer quien le advertía continuamente de las ilegalidades que estaba cometiendo. La mujer había sido nombrada funcionaria interina el 13 de enero del 2009.

En paralelo, Francisco Jalón interpuso denuncia en la Fiscalía contra la secretaria por un presunto delito de malversación de caudales públicos, que acabó sobreseyéndose por «no haber quedado acreditada la comisión de ilícito penal alguno».