Una firma de autobuses asumirá el transporte adaptado que Cruz Roja deja en Calahorra

Aunque en Calahorra, según ha podido saber Diario LA RIOJA, la situación está en vías de solución porque una empresa de autobuses ha asumido este servicio de transporte que utilizan diez personas del centro de discapacidad intelectual Áncora que gestiona la asociación Igual a Ti; incluso la firma de autocares podría asumir también a algunos de los conductores despedidos. También en Calahorra salieron a la calle el personal de oficina de Cruz Roja para denunciar la «gran diferencia salarial entre trabajadores de cada comunidad» así como el recorte de plantilla a la mitad, pasando de ocho a cuatro trabajadores.

En Alfaro, en cambio, la Asociación para la Demencia del Alzheimer busca una solución para los once usuarios del centro de atención temprana y promoción de la autonomía personal que también se quedan sin transporte. El PSOE exigió este jueves al equipo de gobierno del PP que «se ponga a trabajar ya para dar una solución inmediata» y tildó de «inadmisible» que cuatro alfareñas «pierdan su trabajo solo por causas organizativas y económicas ajenas a ellas».

En este sentido, CC OO, sindicato que integra el comité de Cruz Roja en la comunidad, rechazó que una ONG «tan asentada e integrada en la sociedad trate así a sus trabajadores». Los despidos de once conductores, dos psicólogos y un técnico sanitario –estos tres últimos profesionales pertenecen a otros tantos programas que sí se mantienen– «son por motivos económicos y es imposible separarlos de la negociación del convenio». Porque la entidad humanitaria «tiene que aplicar las tablas salariales del convenio de acción e intervención social conforme a la ley y cumpliendo la reforma laboral». Eso obliga a incrementos importantes «y Cruz Roja reacciona decretando despidos no sólo aquí sino también en otras provincias como Madrid, Alicante, Burgos o Almería. Algo está pasando pero no nos lo quieren decir», concluyó Nuria Vicente.

El PP responde que los servicios jurídicos de la Comunidad «evidencian la mala praxis del Gobierno de Andreu con el consorcio»

La diputada regional socialista María Somalo denunció este jueves la «mala gestión del Gobierno regional en los cuatro parques de bomberos de Calahorra, Arnedo, Haro y Nájera» vinculados al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil (CEIS) y ha provocado que en los tres primeros haya dos efectivos y en el de Nájera, tres, añadió. «Son dotaciones claramente insuficientes», dijo Somalo, «y estos mínimos de personal se cubren obligando a los efectivos, mediante resolución y por necesidades del servicio, a prolongar doce horas más su jornada laboral».

En la pasada legislatura «se llegó a un acuerdo de mesa de negociación tras más de ocho meses y se incluían importantes mejoras laborales y de medios materiales para los efectivos del CEIS. Este proceso se realizó contando con todos los informes preceptivos», recordó la exconsejera de Salud. Pero ahora «el Gobierno de Capellán», al que reprocha que haya sumido al consorcio de bomberos «en un absoluto caos», pretende no aplicar este acuerdo alegando diferentes razones que son falsas y utilizando un informe de los servicios jurídicos del Ejecutivo en el que consideran que carece de efectividad y que no se ajusta a la legalidad». Sin embargo, recuerda, «sólo un juzgado puede afirmar que algo no se ajusta a derecho».

En este sentido, el PP respondió que los servicios jurídicos de la Comunidad creen «que el acuerdo de la mesa de negociación de noviembre de 2022 carece de efectividad y no se ajusta a la legalidad». Ese mismo departamento «deja en evidencia la mala praxis del Gobierno de Andreu, que trató de engañar a los profesionales para conseguir una relativa paz con este colectivo de cara a las elecciones».

Ese acuerdo, han insistido los populares, «fue suscrito por un órgano incompetente, debiendo haberlo firmado su presidenta y sin que conste la delegación expresa a favor del vicepresidente, que fue quien lo firmó». Ahora el Gobierno «ha iniciado una negociación que pivota sobre dos objetivos: incrementar la plantilla y consensuar un sistema de guardias que asegure la prestación del servicio con garantías».