«La Administración debe dar ayudas pero sobre todo facilitar el proceso para lograrlas»

– ¿Qué expectativas tiene para este 2023 que arranca ahora? ¿Qué le pide al nuevo año?

– Esperemos que no haya más sorpresas con nuevas crisis y que empiece ya a asentarse la economía, que no entremos en nuevos estancamientos y por fin podamos normalizar la situación de ayudas que se van a seguir necesitando porque la exclusión severa es la que más se está viendo afectada.

– ¿Será este ejercicio el de la recuperación o tenemos que estar preparados para nuevas catástrofes, en forma de pandemia o guerra, o crisis inflacionistas?

– En principio quiero pensar que nada de eso se volverá a repetir y que 2023 sea un año de evolución hacia una cierta normalidad. Sí que estamos planteando que vamos a necesitar más dinero por las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania y de la subida de precios que afecta a la cesta de la compra, a la vivienda, a la economía doméstica... Tenemos claro que nos hacen falta voluntarios y ayudas para hacer no solo lo que dice el Papa de curar las heridas en situaciones de crisis sino para acompañar y enseñar a hacer cosas. Por ello vamos a incidir mucho en romper la brecha digital y en solicitar a las administraciones públicas que esa brecha ni se agrande ni afecte a los más vulnerables.

– La inflación en los alimentos y las desbocadas subidas en los precios de la energía, ¿pueden generar nuevos pobres? ¿O ya está sucediendo?

– Desde hace años, incluso antes de la pandemia, ya se empezaban a ver nuevos pobres con trabajo como algo excepcional, hablo de gente con empleos precarios y que entran en el grupo de personas en situación de pobreza y con carencias en los recursos fundamentales.

– ¿Y esto puede provocar una fractura en la sociedad?

– La pobreza supone eso, desde luego. Porque la gente quiere vivir con personas que puedan atender sus necesidades. Y convivir con quien tiene carencias de ese tipo no le gusta a nadie. La sociedad debiera darse cuenta de que las personas excluidas no entran en los consumos ordinarios, que son los que mueven la economía y generan riqueza.

– ¿Se corre el riesgo de que la exclusión social llegue a más colectivos?

– Puede ocurrir que gente que estaba en inclusión precaria pase a exclusión moderada o de ahí a exclusión severa, sobre todo si no entran en funcionamiento las medidas de las administraciones y la solidaridad ciudadana. Es importante que se conozcan los derechos para poder exigirlos, por ejemplo saber si funciona el Ingreso Mínimo Vital (IMV), a cuántas personas llega, cómo está relacionado con la Renta de Ciudadanía... Son aspectos claves para que las personas más necesitadas puedan tener los recursos para poder vivir con dignidad. Hay que revisar también la política de vivienda y de empleo, que son las dos grandes materias para evitar la exclusión.

– ¿En qué otros proyectos trabajan en Cáritas para ayudar a cubrir estas necesidades tan perentorias entre la gente?

– En uno muy interesante y muy bonito como es el acompañamiento. Por ejemplo, a gente con necesidad de vivienda no le alquilamos un piso sino lo cedemos y le acompañamos con ayuda económica, con formación, para que los hijos se eduquen correctamente, para que haya un consumo adecuado en el hogar... También organizamos talleres en profesiones que tienen demanda como carretilleros, hacemos cursos de hostelería, damos ayudas a reclusos con permiso o exreclusos para acompañarles en su reintegración en la sociedad una vez cumplida la condena... Y vamos a desarrollar por primera vez un proyecto de 'housing first'.

– ¿En qué consiste?

– Está dirigido a personas sin techo, que a veces tienen que cumplir requisitos dificilísimos. Queremos ofrecerles una vivienda y que ahí tengan que cumplir una serie de obligaciones porque quizá entonces sea más fácil y puede ser un ejemplo para lo tenga en cuenta la Administración.

– ¿No tienen la sensación de que en Cáritas o el Banco de Alimentos cubren espacios que debieran asumir los gobiernos como facilitar vivienda o comida? ¿Se escudan las administraciones en ustedes?

– Es fácil juzgar a una Administración sin el conocimiento de la realidad presupuestaria que tiene. Y no se le puede echar siempre la culpa al que está al otro lado porque en la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros está el ser solidarios. Pero sí es cierto que si dicen que van a hacer algo, que lo hagan. Y hay cosas que son de su responsabilidad, está claro.

– ¿A qué se refiere?

– No solo a dar ayudas, que también es una de sus competencias, sino a facilitar los procesos y la burocracia para conseguirlas. Y eso está en su mano. En situaciones como las que estamos viviendo últimamente –en alusión a las crisis derivadas de la pandemia o de la guerra en Ucrania–, encontrarnos con complejidades burocráticas es algo que no se entiende y que no debiera ocurrir. La brecha digital no puede ser un obstáculo para llegar a ayudas, hay que simplificar los procesos de entrar en cita previa, las oficinas de atención al ciudadano deben tener más agilidad...

– Entramos en año electoral. ¿Qué habría que pedirles o, incluso decirles, a los políticos de nuestra comunidad?

– Que si prometen algo, que lo cumplan. El voto se da a un programa, sobre todo, más allá de a la persona. Y yo no entiendo eso de tener que esperar cuatro años a cumplir algo que se ha prometido y se ha incluido en el programa. También espero que los debates se hagan con suavidad y con una premisa: con este dinero cuento y a esto lo destino. Si las cosas no se cuantifican, todo queda en un brindis al sol. Y en materia de exclusión social es muy fácil decir las cosas porque nadie quiere que la pobreza o las necesidades de la gente con menos recursos aumenten.