El Defensor del Profesor detecta «una violencia que no se ve» en alumnos y padres

Además, afirmó que «hemos detectado que la tendencia es ir hacia una violencia más sutil. No ha habido agresiones físicas o, al menos, no nos han llegado, pero sí que hay más faltas de respeto, falsas acusaciones, presiones por las calificaciones, sobre todo en Bachillerato, y cuestionamiento continuo a algunos docentes por la labor que estaban haciendo». Se trata, en concreto, de «un tipo de violencia que no se ve, que muchos alumnos y padres ejercen sobre el profesorado y de la que los docentes ven más complicado defenderse porque es mucho más difícil de demostrar», lamentó el responsable del servicio mientras criticó que «al profesorado se le cuestiona absolutamente todo, como por qué pone una calificación, y es un problema».

En este sentido, puntualizó que los docentes «no somos incuestionables». «Reivindicamos que esa comunicación sea educada, fluida, dentro de los cánones del respeto, del reconocimiento de nuestra labor; porque cuando la violencia pasa de ser abierta o directa a convertirse en sutil, puede quedarse como algo endémico a nivel social, se sienta un poso y luego es muy difícil quitarla».

Desglosado por origen del conflicto, dividido entre alumnado (representó el 37% de las consultas), profesorado (supuso el 30% de los casos detectados) y familias (el 33%), «hemos visto que el pasado año se ha equilibrado de nuevo la balanza en estos tres ámbitos, que están repartidos». Por etapas, también se ha experimentado un «aumento considerable» de los conflictos en los centros de Educación Secundaria y, también, en los últimos cursos de Primaria, donde tienen lugar «muchas de las conductas desafiantes del alumnado y las actitudes negativas de las familias, que luego se prolongan o se perpetúan hasta los cursos superiores de la enseñanza preuniversitaria».

Todos los conflictos, en cualquier caso, «afectaron mucho a la salud mental y psicológica» del profesorado. De hecho, como apuntó el responsable del servicio, en el 94% de los casos atendidos sufrieron «un acusado grado de ansiedad» y, en el 11%, «llegó a causar depresión», además de la baja laboral en un 22% de ellos. Todo ello «supone un coste añadido a la Administración y pone de manifiesto la ausencia de medidas para la protección de la salud mental». Por ello, hizo hincapié en que se «reconozca que estos problemas de convivencia pasan factura en el profesorado y hay que abordar cómo atajarlo».