Los expertos piden al Gobierno que «la mayor presión fiscal se traduzca en servicios eficaces»

El profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Rioja (UR) José Ignacio Ruiz de Palacios admite que la presión fiscal que soportan los riojanos «va a subir algo en general», máxime si se tiene en cuenta que, además, están las imposiciones municipales. El gravamen en Sucesiones puede derivar en «un incremento de las renuncias a las herencias si uno no hereda metálico y solo bienes», si bien «la mayor presión fiscal en Patrimonio está muy circunscrita a las altas capacidades económicas y el retroceso de bonificaciones es la respuesta del Gobierno al compromiso adquirido con sus socios» para «conseguir un efecto redistribuidor de la riqueza» y «un gravamen más efectivo de las grandes capacidades económicas (a partir de 60.000 euros) también en el IRPF».

No obstante, y pese a que una retracción de los recursos puede tener un cierto impacto en el consumo, «lo importante es que los ciudadanos perciban que ese esfuerzo que se les pide se traduce en mejoras y en más eficacia en la prestación de los servicios públicos». «Lo contrario es difícil de sostener y esa es la razón por la que muchos cambian el sentido de su voto», explica. «Porque -enfatiza- la clave no es recaudar más sino gastar bien, perspectiva que descuidamos ya que nos centramos en los ingresos».

Ruiz de Palacios reconoce que «la Comunidad ha dado un giro muy claro a las políticas de impacto en la recaudación, pero -matiza-, las previsiones de recaudación son previsiones, y hay que esperar a ver lo que se ejecuta», porque «no hay que olvidar que, tanto las administraciones autonómicas como las locales soportan el corsé de la Ley de Estabilidad Presupuestaria».

El abogado y experto fiscal Pablo Arrieta comparte que las medidas tributarias «plasman el pacto de Gobierno», aunque se muestra totalmente en contra de la recuperación de la totalidad del Impuesto de Patrimonio, «dado que grava dos veces», así como de la reducción de las bonificaciones en el de Sucesiones y Donaciones, porque puede «impedir que la riqueza circule y se dinamicen la economía y los negocios». Coincide además con el profesor universitario en que «se puede producir un aumento de la cifra de renuncias a herencias (terminarían en manos de la Administración regional) y actuar como una vía de financiación pública como ha ocurrido en etapas precedentes en Andalucía». Arrieta apunta, asimismo, «la necesidad de extremar el celo sobre dónde se gasta y huir de lo superfluo e innecesario, porque los ciudadanos cada vez lo entienden menos». Como reseña positiva, el experto riojano se fija en el apoyo fiscal al alquiler de vivienda.

Por su parte, el Colegio de Economistas echa en falta «una mayor estabilidad en las políticas fiscales» en unos Presupuestos que «tampoco» giran en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Su decano, Ernesto Ignacio Gómez Tarragona, reconoce, no obstante, «el esfuerzo del proyecto para «el relanzamiento de la economía y el fomento de la actividad empresarial». Con todo apunta que habrá que esperar a ver «si los ingresos en unas Cuentas muy expansivas son los presupuestados» y reclama «una evaluación de la eficacia del gasto».

Por su parte, el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UR, Juan Carlos Ayala, califica los primeros presupuestos de Andreu de «equilibrados» y valora «que sigan apoyando fiscalmente a las empresarias familiares» y «tomen en cuenta al tejido productivo como una de sus patas fundamentales junto a los servicios públicos». A su juicio, este proyecto «es un buen punto de partida para revitalizar la economía riojana» y que vuelva a las posiciones de liderazgo en el escalafón autonómico.