El expediente federativo contra Jacinto Alonso se resolverá en La Rioja

Según ha confirmado el CSD, dicha comisión no suspendió a los mismos, que fueron expedientados por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) al figurar como investigados por la Audiencia Nacional en la llamada "Operación Soule", por la que el juez Santiago Pedraz les citó a declarar.

La apertura de expediente disciplinario por parte del TAD se realizó en su condición de directivos de la RFEF y el CSD señaló que "la posibilidad de la suspensión decae al haber renunciado a estos cargos".

Jacinto Andrés Alonso (Rioja), José Miguel Monje (Murcia), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta), Vicente Muñoz (Valencia) y José Ángel Pélaez (Cantabria) están entre los investigados por el juez Pedraz, que el 20 de julio ordenó el ingreso en prisión del presidente Ángel María Villar, por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.

Entre las afirmaciones del juez, que decretó la libertad de Villar bajo fianza el 31 de julio pasado, figura que éste pudo haber concedido "beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones territoriales en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo, disponiendo del patrimonio ajeno que administra de la RFEF" con el objetivo de garantizar "la mayoría necesaria" para ser reelegido".

Estos hechos llevaron al TAD a destituir a Villar como presidente el pasado 22 de diciembre y ayer la junta directiva de la RFEF, constituida en junta gestora, convocó elecciones a su presidencia para el próximo 9 de abril.

El CSD también explicó este lunes que tampoco son posibles las suspensiones del presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, ni del presidente de la Real Federación Española de Taekwondo, Jesús Castellanos, "ya que las infracciones administrativas que motivaron la apertura de sus expedientes disciplinarios no conllevan, según la legislación normativa en vigor, la suspensión provisional".

Peláez fue el último presidente de territorial de fútbol expedientado por el TAD el 26 de diciembre y declaró en la Audiencia Nacional la semana pasada y Castellanos, reelegido presidente de Taekwondo en abril de 2017, es objeto de investigación judicial por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude a las subvenciones, apropiación indebida y falsedad documental.