El exconsejero Muñoz encara desde el lunes una petición de cinco años de cárcel y seis millones de multa

Junto a él serán juzgados su mujer C.M.C., un empresario de su confianza, A.G.R., y el apoderado y letrado de la empresa catalana A.G.C., e I.M.A., respectivamente. Todos ellos supuestamente implicados de uno u otro modo en un entramado que perseguía la creación de una sociedad fotovoltaica para su posterior venta aprovechando el generoso régimen retributivo que, para favorecer este tipo de energías promovió el Gobierno central, primero en el Real Decreto 436/2004 y luego en el 661/2007. Las suculentas primas tenían fecha de caducidad de ahí que, según el fiscal, entraran en juego las autorizaciones administrativas.

El fiscal, en su escrito de calificación de unos hechos que relata a lo largo de 147 folios, sostiene que el extitular de Hacienda en sucesivos gobiernos de Pedro Sanz «decidió y tuteló» la creación de la sociedad mercantil Empresa Fotovoltaica Riojana SA (Emfrisa) con el propósito de construir una instalación de grandes dimensiones de producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico. La planta, como así ocurrió después, se instalaría en Torremontalbo y podría beneficiarse del régimen retributivo establecido en los citados reales decretos que obligaba a la compañía eléctrica, en este caso Iberdrola, a comprar la electricidad y pagar a los productores de energía un precio superior al 575% al de la tarifa eléctrica media. La elevada rentabilidad favorecería la venta de la instalación a un precio de mercado, según calculaban, de unos 25 millones de euros. Como Muñoz, por incompatibilidad legal con el cargo como consejero de Hacienda que ostentaba entonces –no dejó de serlo hasta el 2011–, no podía figurar en los actos y negocios jurídicos que se iban a formalizar ni tampoco en los trámites administrativos que era necesario cumplimentar para autorizar y explotar la instalación fotovoltaica, utilizó en la operación a otro de los acusados A.G.R., un empresario de confianza y «ejecutor de cuantas directrices, actos y negocios le fueran ordenados por aquel». En este entramado, el extitular de Hacienda «utilizó» a su esposa, la también investigada C.M.C., y lo hizo, de acuerdo con el relato que hace la Fiscalía, con «su conocimiento y consentimiento» y con la pretensión de «incorporar al patrimonio de la unidad familiar los beneficios económicos de la operación». Muñoz, quien según la acusación pública, dirigió la operación, se valió de terceras personas para hacerlo y «cuando surgieron obstáculos e imprevistos intervino en persona ante las autoridades municipales, así lo hizo con el Ayuntamiento de Torremontalbo, donde se instaló la planta, y también ante autoridades autonómicas», en concreto, en organismos integrados en la Consejería de Hacienda, de la que era titular, La finalidad era «eliminar las dificultades o impedimentos».

Hecha inicial recapitulación, el fiscal entra en harina en un complejo entramado que se urdió, de acuerdo con sus versión, a raíz de la constitución de Emfrisa el 5 de diciembre del 2006. Muñoz habría convencido a varias personas allegadas a él y a destacados empresarios, que conocía por su cargo público, para participar en dicha sociedad. Todos ellos se incorporarían al proyecto «con la certeza de obtener un lucro económico al encontrarse respaldada la operación por algunos de los principales cargos e instituciones políticas de la región». Muñoz intervendría en la operación representado por su esposa. Como socios constituyentes de Emfrisa figuraban doce miembros, entre ellos A.G.R. y la mujer de Muñoz, C.M.C., que suscribió 10.000 acciones por un valor nominal de 10.000 euros, lo que representaba el 8% de participación en una empresa que se constituyó con un capital social de 125.000 euros.

Una vez constituida, el fiscal atribuye al exconsejero la decisión de instalar el parque solar fotovoltaico, en el que se desarrollaría el objeto social de Emfrisa, en una finca del paraje de Somalo, perteneciente al entonces término municipal de Torremontalbo. Para ello, Muñoz y A.G.R. concertaron una primera cita con el alcalde y con el secretario de Torremontalbo. En un encuentro posterior, estos dos acusados urgieron al alcalde y al secretario a acelerar la tramitación de las licencias ambiental y de obras argumentando que tenían de plazo hasta el 28 de septiembre del 2008 –para esa fecha ya debía estar construida la planta– para poder acogerse al beneficioso y rentable régimen de primas del Real Decreto 661/2007. A partir de esa fecha, ya no sería tan rentable. El 29 de febrero, sin omitir ningún trámite, el Ayuntamiento les concedió las licencias.

Entre tanto, Muñoz y A.G.R. decidieron incorporar a un tercero para la realización del parque solar fotovoltaico de Torremontalbo, cuyo cometido principal sería encontrar un comprador final del parque solar que podría acogerse a las generosas primas del citado real decreto, lo que podría suponer un atractivo para los futuros compradores. El precio de venta estimado era de 25 millones, teniendo en cuenta la rentabilidad que podrían obtener por la explotación.

En febrero del 2008, A.G.R. contactó con la mercantil leridana Bellomonte Logistic, de la que era apoderado otro de los acusados, A.G.C., y el letrado de la firma, el también procesado I.M.A. Para materializar la asociación, Muñoz, siempre a través de A.G.R. hizo un convenio de con Emfrisa en el que esta vendía el 50% de sus participaciones a la empresa catalana por 1.575.000 euros. Los vendedores, es decir, A.G.R. y Muñoz, afirmaron en el contrato que la fotovoltaica riojana disponía de todas las autorizaciones administrativas cuando en realidad «todavía debían constituirse los avales y solicitarse la preceptiva autorización autonómica para la instalación fotovoltaica y la aprobación de su proyecto de ejecución».

Meses después, Muñoz propició que Emfrisa fuera vendida enteramente a terceros, «sin el conocimiento y la intervención de Bellomonte». El 15 de septiembre del 2008 A.G.R. vendía a European Sun Parks las 125.000 acciones de Emfrisa por 125.000 euros. Ese mismo día, las mercantiles Provif, representada por A.G.R., y Emfrisa suscribieron el contrato de llave en mano para la construcción del parque solar de Torremontalbo por algo más de 23 millones de euros. Este contrato «representaba la verdadera operación de venta del parque solar de Torremontalbo». La ejecución de la instalación solar correspondería a Provif. Finalmente, el parque no estuvo en condiciones de producir energía eléctrica hasta diciembre del 2008.