El exconsejero Luis Cacho se enfrenta a dos años de cárcel por falsificar pruebas contra un empleado

Los hechos, que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid, después de que el juzgado de instrucción número 52 de la capital dictara el auto de apertura de juicio oral, se remontan a 2022. Entonces, Luis Cacho, que ocupó la Consejería de Educación entre agosto de 2019 y agosto de 2020 cuando fue cesado, en su propio nombre y en el de la compañía Orfeo XXI de la que era socio y administrador solidario formuló querella contra el que había sido su director general por los delitos de estafa, falsedad y administración desleal el 29 de junio de 2022.

La querella la acompañó de un documento titulado 'Política de gastos de viaje y representación. Orfeo 2019' inexistente en el tiempo en el que su empleado ejercía el cargo de director general, puesto que ocupó hasta que fue despedido el 18 de enero de 2022. El mencionado texto, siempre según la Fiscalía, había sido confeccionado por la directora financiera de la compañía con el consentimiento y colaboración de Cacho. El fin era acreditar que el trabajador había incumplido la política de gastos y había cometido los delitos que le imputaban y se había apropiado de 352.452,98 euros. De este modo podrían obtener una resolución judicial que estimara sus pretensiones y le condenaran al pago de la responsabilidad civil que le reclamaban.

La citada querella llegó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que en noviembre de 2023 acordó su sobreseimiento provisional. La Audiencia Provincial lo confirmó en mayo de 2024.

La etapa de Luis Cacho al frente de Educación en el gabinete de la expresidenta Concha Andreu estuvo envuelta en la polémica y logró concitar el descontento de la mayor parte de la comunidad educativa riojana. En agosto de 2020, después de tan sólo un año como titular de uno de los departamentos con más frentes abiertos, era cesado. La aparición de varias publicaciones sobre su patrimonio supusieron su punto y final en el Gobierno.

La fuga a Luxemburgo de la sicav que gestionaba el patrimonio de Luis Cacho precipitó su cese en el Ejecutivo de Andreu. La noticia se conoció a finales de julio de 2020 mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunía en San Millán de la Cogolla con todos los presidentes autonómicos. Entonces se supo que había trasladado al pequeño país europeo una de las sociedades de inversión de capital variable que había dirigido hasta su llegada al Ejecutivo regional y con las que, supuestamente, gestionaba el patrimonio (estimado entonces en unos 77 millones de euros) que amasó tras la venta de Arsys por 160 millones de euros a los fondos Mercapital y Carlyle en el 2007.

Pero este sólo fue uno de los numerosos frentes abiertos por el titular de Educación que tuvo en contra a la red concertada por, entre otras decisiones polémicas, modificar a la baja los conciertos educativos de varios centros de Logroño en pleno proceso de desescalada por el covid. Tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) anuló aquellas decisiones dando la razón a la concertada.