Tomás Santolaya, en el banquillo de los acusados este viernes. Juan Marín

El exalcalde del PP en Villamediana, juzgado por presunta prevaricación

Tomás Santolaya se enfrenta a la petición del fiscal de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 21 de octubre 2022, 02:00

Tomás Santolaya, exalcalde de Villamediana de Iregua, se ha sentado en la mañana de este viernes en el banquillo por un presunto delito de prevaricación administrativa por la contratación irregular de Barinaga Abogados. Quien fuera regidor municipal durante cinco legislaturas no consecutivas (1987- ... 1991, 1995-1999, 1999-2003, 2007-2011 y 2011-2015) ha comparecido en el Juzgado de lo Penal 3 de Logroño y se enfrenta a la petición del fiscal de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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Santolaya, que entró en 1983 al Ayuntamiento de Villamediana como concejal, renunció a su acta en 2016 y desde entonces ha permanecido alejado de la política, dedicado a su trabajo como agricultor. No obstante, el que fuera alcalde popular de Villamediana durante veinte años reaparece periódicamente por alguna causa judicial, como la de hoy, aplazada el pasado 30 de junio.

La acusación pública considera que el exalcalde contrató a Barinaga Abogados para defender al Ayuntamiento de Villamediana en cinco procedimientos judiciales, y con un coste total de 128.167 euros, sin que se tramitara expediente administrativo alguno, incumpliendo las normas en materia de contratación administrativa. A la sesión están citados como testigos la actual alcaldesa de Villamediana, la socialista Ana Belén Martínez, el concejal y exalcalde Rubén Gutiérrez (PP) y los exediles Jesús Ángel Cámara (IU) y Juan Pedro Martínez (PSOE), así como la interventora y la secretaria municipal.

En un procedimiento anterior relacionado, el Juzgado de Instrucción 2 de Logroño sobreseyó la causa contra buena parte de la anterior Corporación de Villamediana por un supuesto delito contra la ordenación de territorio al entender que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito». Esto fue en 2020 y la jueza también decretó en su auto que Santolaya, que entonces se negó a declarar, pudo incurrir en «un presunto delito de prevaricación administrativa» por la «adjudicación directa de un contrato de servicios».

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