El estudio requerido por Cs sugiere ajustes en el funcionamiento y la estructura de la ADER

Las sugerencias de carácter operativo parten de la constatación de que la acumulación de plazos prolongados de resolución y abono de las ayudas tienden a diluir el efecto incentivador, por lo cual insta a plantear el objetivo de comprometerse públicamente a recortar el plazo máximo legal de seis meses. Un propósito que, según los expertos, debería combinarse con pagos anticipado (incluso sin aval, como ya ocurre en otras comunidades vecinas e incluso ayudas estatales) y pagos parciales conforme a la ejecución de hitos intermedios en cada expediente. El estudio conmina asimismo a priorizar los proyectos de mayor dimensión y presupuesto frente a muchos pequeños que exigen mayores recursos para su gestión y seguimiento. Y todo ello, valorando también la idoneidad de externalizar mediante concurso público la evaluación de determinados expedientes a fin de agilizar los procesos de evaluación.

En el ámbito organizativo, la consultora es partidaria de diferenciar dentro de la ADER las unidades encargadas de gestionar las líneas de ayudas con una sección de promoción y evaluación y otra de seguimiento de los expedientes con una finalidad: reforzar la transparencia, la objetividad y el control interno. En esa misma línea aboga por agrupar dentro de una misma convocatoria líneas de ayuda (en la actualidad se gestionan 31) por afinidad temática o similar finalidad para evitar así la dispersión de esfuerzos.

La orientación de las líneas de ayudas es otra de las variables que el estudio aconseja perfeccionar. En ese sentido llama a intensificar los esfuerzos en las dedicadas a I+D para ayudar a alcanzar la meta del 2% de gasto en esta área fijado en la Estrategia RIS3, priorizando la financiación de proyectos cooperativos y estratégicos para la región, dando relevancia al apoyo al emprendimiento hacia nuevas empresas de base tecnológica. Un marco que debería acompasarse con una mayor colaboración de la ADER con organismos de investigación y la UR.

Finalmente y ante las reiteradas alegaciones del Tribunal de Cuentas respecto al funcionamiento de la Agencia, se propone también un cambio de la naturaleza jurídica, pasando de entidad pública empresarial a organismo autonómico con la que, en cualquier caso, seguiría financiándose con cargo a los Presupuestos de La Rioja y sometido al control de eficacia por la Consejería correspondiente.