El Estado vaticina una caída de la recaudación tributaria en La Rioja del 5,3% este año

La recaudación tributaria es una de las piezas sobre las que anualmente se articula el sistema de financiación para las autonomías de régimen común como La Rioja. La otra gran pata son el Fondo de Garantía y del Fondo de Suficiencia Global. La estimación del primer proyecto presupuestario de Pedro Sánchez es que el primer fondo crezca en La Rioja el 7,4%, hasta los 42,4 millones, mientras que el segundo retrocederá el 3,2% aportando 209,7 millones de euros. Así el total de entregas a cuenta que recibirá La Rioja para financiarse (ingresos tributarios y transferencias de los fondos adicionales) sumará 932,1 millones de euros. De esa cuantía, no obstante, habrá que descontar los casi 9,9 millones anuales que desde el 2015 devuelve la Administración regional al Estado por los anticipos cobrados de más en el 2008 y el 2009, mientras que se sumarán algo más de 14 millones por la liquidación a favor de La Rioja del periodo 2012-2018. En definitiva, los Presupuestos consigan 936,35 millones en concepto de financiación autonómica, 42,4 menos (4,3% de descenso) de lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado verano.

A este descenso del importe estimado hay que añadir una deuda aún pendiente de saldar: 20 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre del 2017. Así lo recordó ayer en rueda de prensa el titular de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, quien censuró que ese dinero «de los riojanos» permanece en las arcas del Estado. De forma que «a pesar de que nos hayan vendido» que las Cuentas de este año aumentan la financiación a la comunidad, la realidad es «que hay una pérdida de dinero». Por ello, y como ya adelantó el presidente Ceniceros hace unos días, Domínguez reiteró la voluntad del Gobierno de La Rioja de «exigir formalmente la constitución, en el plazo de un mes, de la comisión bilateral prevista en el artículo 46 del Estatuto de Autonomía» para «compensar estas mermas» con las que castigan a una comunidad «leal».

La clase media, «perjudicada»

Entre esos perjuicios citó «el descenso de las inversiones en infraestructuras del 40%, los pagos de la reforma del IES Sagasta y los aumentos de impuestos». En relación a los tributos hizo hincapié en «el repunte del 14% de las cotizaciones a la Seguridad Social que tendrán que afrontar las pymes, los autónomos y los emprendedores riojanos», así como la subida de las tasas del «diesel, tecnológicas y transacciones financieras que perjudican a la clase media». Y todo ello lo encuadró en un momento de «desconfianza empresarial en la evolución de la economía, lo que se traducirá en una pérdida de empleo y un incremento del desempleo».

Además, Domínguez se mostró muy crítico con «el gasto público sin control y los aumentos de la deuda y del déficit». Lo que contrapuso con la Ley de Medidas Urgentes impulsada por el Gobierno de La Rioja que va en sentido «totalmente contrario: reducción de medio punto del IRPF, nuevas bonificaciones por nacimiento de hijos, tarifa cero para autónomos y enseñanza gratuita de cero a tres años».

Por último, el consejero riojano insistió en que el Gobierno de La Rioja elevará al Consejo del Diálogo Social una «propuesta técnica» con las medidas para contrarrestar unos Presupuestos «nocivos», iniciativas que se trasladarán a los grupos con representación en las Cortes para que las defiendan a través de enmiendas parciales.