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La Rioja recibirá del Estado un préstamo de 154 millones de euros y, además, podrá gastar unos 18 millones más de lo previsto, dinero libre de penalizaciones, porque no computará a la hora de calcular el déficit. Esas son las dos medidas inmediatas que ... el Gobierno de La Rioja podrá tomar para compensar la pérdida económica derivada de la liquidación del IVA del 2017, que el Ejecutivo central asegura que le es técnicamente imposible devolver a las comunidades (2.500 millones de euros en total), ya que la liquidación del impuesto se cerró el año pasado.
Este nuevo crédito que, según la Administración autonómica se destinará a «amortizar deuda», se enmarca dentro de los mecanismos adicionales de financiación puestos en marcha en el 2012 por el anterior Ejecutivo para que las autonomías pudieran capear la crisis. La cuestión es que el nuevo préstamo se concederá al amparo del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) al que, hasta ahora, sólo han podido acceder las comunidades que, como La Rioja, satisfacen los objetivos de estabilidad presupuestaria (déficit). Como 'premio' a su ortodoxia, estas regiones pueden compaginar la recepción de ese dinero público con la salida a los mercados. Y La Rioja lo va a seguir haciendo. Prueba de ello es la decisión que acaba de tomar el Gobierno regional de contratar «una o varias operaciones» de endeudamiento a largo plazo (2028) para refinanciar un préstamo suscrito con el ICO en marzo del 2018, precisamente con cargo al FFF. El importe, según la resolución publicada en el BOR, asciende hasta casi los 303,5 millones de euros. Las entidades interesadas pueden presentar sus ofertas (la cuantía mínima no debe ser inferior a los veinte millones de euros), hasta el día 27.
Pero, la disciplina de La Rioja le otorga más capacidades. Por ejemplo, recientemente acudió al mercado para contratar un crédito por importe de hasta 130 millones de euros para «cubrir necesidades de tesorería transitorias» como gastos de personal, pagos a proveedores, facturas de luz y otros servicios. Se trata de una práctica habitual con la que se cubren los desfases temporales entre los ingresos obtenidos y los pagos efectuados.
Para compensar el impago del IVA de diciembre del 2017 (las comunidades ya se gastaron ese dinero en la confianza de que dos años más tarde lo recibirían en la liquidación), el Ministerio de Hacienda ha abierto también las puertas del FFF a las autonomías 'incumplidoras' que, al no poder financiarse en los mercados, solo han visto aliviada su situación durante estos nueve años a través del Estado, con el FLA o Fondo de Liquidez Autonómico.
Durante la última recesión las haciendas regionales se encontraron serios problemas para acceder a los mercados de crédito. Las más afectadas eran la catalana y la valenciana que, a día de hoy, siguen siendo las comunidades más endeudadas en relación al valor de su economía. Nada menos que el 42% y el 35,5% de sus PIB, respectivamente. La Rioja ocupa el sexto lugar del escalafón regional con una ratio del 19,7%, esto es, 1.720 millones en términos absolutos.
Ante esta situación de asfixia financiera, el Gobierno central decidió actuar como prestamista de las autonomías. Así se pusieron en marcha el FLA y el Mecanismo extraordinario de financiación para el Pago a Proveedores (MPP), por el que las partidas llegaban a las comunidades a través de préstamos contratados con entidades (podían ser de hasta diez años, con dos de carencia en la devolución del principal).
A partir del 2015, sin embargo, Hacienda reorganizó el sistema extraordinario de financiación: eliminó el MPP, mantuvo el FLA (para las autonomías que no satisfacían los objetivos de estabilidad presupuestaria) y creó el FFF (para las cumplidoras). En este grupo siempre se ha mantenido La Rioja (nunca ha recurrido al FLA), que hasta el pasado ejercicio recibió fondos prestados por el Gobierno central en cuatro ocasiones. Una única vez se acogió al Plan de Pago a Proveedores, en el 2012, del que recibió 71 millones, y las tres restantes se adhirió al Fondo de Facilidad Financiera: en el 2015, el préstamo ascendió a 273 millones; en el 2018, a 303 millones; y en el 2019, a 258 millones. Este año, por tanto, será la quinta vez que el Estado actuará de prestamista con la Comunidad, concediéndole 154 millones de euros.
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