Los precios subieron en La Rioja durante el año pasado cinco veces más que los salarios

Los precios de la energía y su impacto en la vivienda (27,1%) y los de los combustibles en el transporte (10,5%) son los responsables de este aumento récord de la inflación. No obstante, casi todos los epígrafes analizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se han encarecido. De hecho, solo dos se abarataron durante el 2021 en tasa interanual: la enseñanza (-3,6%) y las comunicaciones (-0,3%).

Desde que los datos se publicaron oficialmente el pasado vienes, el debate gira en torno a si las empresas deben replicar en los salarios de sus trabajadores este incremento inflacionista. Los principales sindicatos de la región consideran que los trabajadores deben recuperar poder adquisitivo. UGT reconoce que la traslación automática de esos 5,53 puntos de brecha entre la inflación y los salarios no debe ser automática, pero sí cree que se debe acometer la compensación de una parte de esa diferencia. Por su parte, CCOO sostiene que el objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras la patronal FER recuerda la complicada situación por la que atraviesan las empresas y hace un llamamiento a la contención.

Ante unas posiciones tan discrepantes, este diario ha recurrido al decano de los economistas de La Rioja, Ernesto Gómez-Tarragona, quien ofrece una visión más objetiva de cuál debe ser la estrategia dentro de la negociación colectiva. Según sus explicaciones, resultaría «muy negativo, porque no es el momento», que el aumento del IPC se trasladase de manera mecánica a las nóminas, advertencia que, como recuerda, «ya hizo la vicepresidenta económica Nadia Calviño hace unas semanas». En su opinión, sí debe haber subida salarial, pero en una horquilla «entre el 2% y el 3%». Incremento, sí, aunque insuficiente para absorber la escalada de los precios.

Asimismo, Gómez Tarragona alerta del «gran peligro» que puede implicar una espiral inflacionista sin control ya que «salir de ella exige mucho sufrimiento y dolor, y una política monetaria restrictiva», lo que al final también repercutiría sobre las familias y los trabajadores, «los que siempre pagan los ajustes».

El secretario general de UGT-Rioja, Jesús Izquierdo, descarta que la central plantee una adaptación automática de los salarios al IPC, pero sí reclama «que se recupere parte» del poder adquisitivo perdido a través de las cláusulas de revisión, y que se aborde una subida de las retribuciones para 2022 en torno al 3,1%.

Su homólogo de CCOO, Jorge Ruano, asegura que este sindicato no cederá en su objetivo de «garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores». Ruano avanza que en «las próximas semanas» trasladará a la FER «un planteamiento sobre la negociación colectiva», «no solo para modernizarla», sino con el fin de definir «unas condiciones salariales y laborales dignas que permitan atraer y retener el talento».

El presidente de la FER, Jaime García-Calzada, considera que la escalada del IPC «no es buena ni para las empresas ni para los trabajadores» y, en la convicción de que es «coyuntural», asegura que «lo más positivo para todos es la contención de los salarios, que nos ofrezca la suficiente estabilidad en este momento tan convulso». «Lo que no puede ser –enfatiza– es que este alza inflacionista afecte negativamente a la negociación y se convierta en algo estructural». Y, en este sentido, añade que «lo deseable en este contexto», en el que se complica «el sostenimiento» de empresas y autónomos y «nos jugamos mucho», es que los acuerdos que se produzcan en materia salarial «sigan por una senda razonable y de la moderación».