La equiparación salarial, a examen

En el frente sindical, al malestar expresado nada más conocer la noticia por parte de ANPE y la CSIF -que ayer abundó en la «humillación» que supone la decisión sin descartar la convocatoria de huelga de las administraciones públicas para octubre- se ha sumado el de STE-Rioja, que a través de una nota afea que la Consejería haya insistido durante todo el curso en la falta de presupuesto para atender las necesidades de la escuela pública. «Este anuncio confirma que no es cuestión de dinero, sino de voluntad política», lamenta la central.

Especialmente crítico se mostró CCOO, rebatiendo el argumento de la igualdad esgrimido por Ceniceros. «No hay el mismo grado de homologación en el proceso de acceso entre un colectivo y otro, ni en la itinerancia ni en otras muchas cuestiones», advierte Mikel Bujanda para ilustrar el apoyo del Gobierno a la concertada en el hecho de que el número de profesores ahí haya crecido en 400 plazas desde el 2010 hasta las 1.265 actuales mientras en la pública sigue estancado en 4.000. «En la concertada viven de la lucha que llevamos tiempo liderando desde la escuela pública», sostiene Bujanda. Desde FeSP-UGT, su secretario general Fernando Domínguez saluda que se actualicen las cantidades económicas de cualquier trabajador para, a renglón seguido, exigir al Ejecutivo regional «que comience a devolver los derechos arrebatados a los funcionarios docentes, empezando por el retorno a la jornada de 18 horas o la recuperación del poder adquisitivo perdido». Un mensaje al que adjunta la defensa de las mismas condiciones de acceso y listas únicas para los centros de ambas redes, «priorizando la dotación necesaria para la pública».

El criterio en la esfera política es heterogéneo. En el PP, su portavoz parlamentario Jesús Ángel Garrido suscribe las razones de Ceniceros y los acuerdos alcanzados con los sindicatos del sector. «La Rioja pone así en práctica lo que marca el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación que, si algunos lo han olvidado, promulgaron los socialistas en la etapa de Zapatero. A la espera de conocer en detalle los pormenores de la medida, el PSOE de La Rioja afirma a través de su secretaria de Educación que «nunca vamos a oponernos a una mejora de las condiciones salariales de cualquier trabajador» sin renunciar por ello a exigir que el Gobierno atienda las demandas de 4.000 docentes públicos. «Está obligado a restituirles los derechos mermados antes de la crisis, no sólo en lo económico sino en las condiciones de trabajo», arguye Teresa Villuendas. Cs huye de sectarismos. «Entrar en guerras ideológicas entre escuela pública y concertada ni mejora ni beneficia al sistema educativo», opina Diego Ubis al tiempo que recalca que la Administración «debe dar pasos para mejorar la acreditación y garantizar la preparación de todos los docentes que forman parte del sistema con fondos públicos». Partiendo de su apuesta por un modelo de educación pública, gratuidad y de calidad, Podemos reclama para ella mayor inversión. «Da unas garantías a los alumnos y sus familias que otros no dan», resalta su líder en La Rioja, Kiko Garrido.

FAPA-Rioja ciñe su reacción al criterio de que «el dinero público debe ir a la escuela pública». Y añade su presidente, Eduardo Rojas: «Defendemos que el profesorado público tenga unas condiciones justas y acordes a su labor». CONCAPA-Rioja, por su parte, no esconde una satisfacción absoluta ante el anuncio. «La homologación retributiva es una cuestión de justicia que se viene reivindicando desde hace años», aporta Carlos Torres animando al Gobierno a ahondar en esa línea.