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«En lo que se refiere a los plazos de pago entre empresas, se establece un plazo máximo de 60 días para los pagos a proveedores». Esa frase está sacada de la ley por la que se fijan medidas de lucha contra la morosidad en ... operaciones comerciales. Un reglamento que marca ese plazo de 60 días para el pago, pero que, en la práctica y según los datos ofrecidos por el Observatorio de Morosidad de Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), no se cumple. De hecho, ninguna comunidad autónoma del país se sitúa por debajo de esas exigencias.
La media en España es de 80,2 días y en La Rioja, por su parte, se eleva todavía más, hasta los 82,7, según los registros obtenidos en el segundo trimestre del presente año por el informe. Así, las empresas de la región solo tardan menos en pagar que las de Murcia, Madrid, Galicia, Andalucía y Comunidad Valenciana y, además, tal y como se especifica en las conclusiones del texto, se ha convertido en la autonomía con la evolución «menos favorable» del periodo medio de pago. «Ya que es la única que presenta tres trimestres seguidos de aumentos interanuales», se afirma.
Periodo medio de pago por sectores y subsectores
por CC.AA
Periodo medio de pago por sectores y subsectores
por CC.AA
Periodo medio de pago por sectores y subsectores
por CC.AA
Ante estos datos, desde la Federación de Empresas de La Rioja se asegura que estos incrementos no resultan significativos. «Y no afectan a la saludable actividad empresarial de nuestra región», destaca Jaime García-Calzada, quien habla del esfuerzo financiero que tienen que realizar las pequeñas y medianas empresas. «Un esfuerzo que no viene solo, ya que se suma a una escalada de costes de todo tipo, que se han disparado en los últimos años», lamenta. De igual modo, desde la FER se hace hincapié en que la entidad informa «de forma frecuente» a las empresas y autónomos riojanos sobre «la importancia y la obligatoriedad» de cumplir con las diferentes normativas legales.
¿Por qué no se cumplen los plazos? En este sentido, la ley de Morosidad en España no contempla un régimen sancionador para aquellos que la incumplan. «La Ley de Creación y Crecimiento empresarial sí que introdujo medidas sancionadoras que no solo no han resultado eficaces, sino que, por el contrario, penalizan de manera especial a las pequeñas y medianas empresas, limitando su capacidad para acceder a ayudas o contrataciones públicas», señaló en su día Cepyme, firmante del Observatorio de la Morosidad, cuando lamentó el bloqueo de un nuevo reglamento continental al respecto. La intención era reducir todavía más los plazos de pago, hasta los 30 días, pero de momento aún no se ha dado la luz verde definitiva a esa nueva ley continental.
A la espera de esa normativa y sin un régimen sancionador efectivo, el informe de Cepyme insiste en que los plazos continúan siendo superiores a los establecidos a pesar de que, en el conjunto del país, el periodo medio de pago se ha visto reducido con respecto al año anterior y resulta el más bajo desde 2016. Esa bajada ha venido impulsada por la labor de las microempresas, que han reducido los periodos de pago en 4,7 días en términos interanuales para situarlo en 74,5 días. Las grandes empresas, por el contrario, incrementaron su periodo medio de pago en 3,5 jornadas para establecerlo, de media, en 90,5.
Además de las diferencias por el tamaño de los actores participantes, el Observatorio de Morosidad también refleja cómo se comportan los diferentes sectores económicos en lo que el pago a proveedores se refiere. Así, en la construcción es donde más se demora, llegando a rozar los 95 días de media. En el lado contrario de la moneda se queda el comercio minorista, con 62,6 jornadas. Mucha diferencia.
Jaime García-Calzada Presidente de la FER
Al respecto de la morosidad, el presidente de la FER valora «los esfuerzos de las micropymes y pymes por reducir los periodos de pago» al tiempo que resalta un problema al que se enfrentan: la dilatación de los plazos de las Administraciones públicas. «Provoca un efecto en cadena», afirma Jaime García-Calzada, quien reconoce que «no es positivo» que aumenten estos periodos de pago. «Pero muchas decisiones del Gobierno central, como incrementar un 58% el SMI desde 2018, la reducción de la jornada laboral o el aumento de los costes del despido, pueden afectar negativamente», concluye.
Javier Marzo Secretario general de UPTA
«El último eslabón». Así se sienten los autónomos con respecto al tema de los cobros. Como ejemplo, Javier Marzo habla de la relación con las Administraciones públicas, que deberían abonar sus facturas en 30 días. «Pero nosotros somos siempre los últimos en cobrar, a los 60, a los 90 o incluso a los 120 días», se lamenta el secretario general de UPTA. «Parece que tengamos que estar financiando a los demás hasta que nosotros cobremos», añade Marzo, quien desearía que estas situaciones no se repitieran, aunque se muestra escéptico: «Llevamos muchos años intentando poner soluciones, pero nunca llegan».
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