La FER denuncia que la Ley de Economía Social prioriza a unas empresas sobre otras

En primer lugar, argumenta Juan Ramón Liébana, asesor jurídico de la Federación de Empresas de La Rioja, porque nadie sabe exactamente a qué hace referencia el concepto de economía social. «Uno de los grandes problemas que plantea esta proposición es que establece una definición de economía social totalmente abstracta, inconcreta y ambigua, porque existen tres planteamientos de los que nadie sabe a qué hacen referencia», explica Liébana. «Esta ley, igual que la que existe a nivel nacional, suena muy bien, pero nadie sabe a qué hace referencia», reitera.

De ahí, añade el asesor, que tampoco permita saber qué empresas pueden adquirir este calificativo 'social'. «La ley fomenta la inseguridad jurídica porque maneja tres planteamientos distintos que, además, le permiten al Gobierno de La Rioja priorizar a estas entidades sociales en grave detrimento de las ordinarias en cuestiones tan importantes como la contratación pública, el acceso a las subvenciones o la tramitación acelerada de procedimientos administrativos», denunca.

En este sentido, aquellas empresas que sean declaradas de economía social, «porque el Gobierno así lo considere, serán las únicas que consigan contratos públicos, acceso preferente a ayudas y subvenciones, así como plazos rápidos y acelerados», reitera Liébana, a la vez que critica que «se verán absolutamente beneficiadas en detrimento del resto de empresas que cumplen con toda la normativa pero que no adquieren el calificativo porque su estatuto no está incluido dentro de los objetivos políticos que pretende planificar el Gobierno a través de esta ley».

Porque otro de los inconvenientes que plantea esta proposición es, a juicio de Liébana, que las entidades riojanas no podrán decidir qué es lo que quieren hacer con su propio capital social. «Al final habilita al Gobierno a que pueda planificar u ordenar con objetivos políticos a las empresa a través del derecho de sociedades, lo que es inconstitucional». Sobre todo, porque «provoca una rotura de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y contradice las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el mercado interior».

Asimismo, critica que también supone una invasión de competencias exclusivas del Estado, ya que ya existe una Ley de Economía Social Estatal, así como que no se haya tramitado como proyecto de ley. «Debería haberse presentado como un proyecto de ley y no como una proposición de ley para que la sociedad riojana o cualquier persona que se vea afectada pueda plantear sugerencias o presentar alegaciones». Más aun, cuando «puede tener un impacto importante en la economía y en el empleo de toda la sociedad riojana».