La eliminación del Impuesto de Patrimonio llegará a La Rioja en esta legislatura. Es un compromiso de Gonzalo Capellán suprimir este tributo que no deja de ser una rareza de España –algunos economistas hablan de «trasnochado»– porque la práctica totalidad de países europeos lo ... han anulado o sustituido por otros impuestos.
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En el ideario del PP está abolir Patrimonio –en nuestra comunidad hay que presentar declaración a partir de 700.000 euros–: Cantabria acaba de anunciar su eliminación, también Extremadura y Murcia han expresado su deseo de suprimirlo y Galicia ha aprobado una bonificación del 50%. Mientras que Andalucía ya se ha sumado este año a la estela de Madrid, que ha hecho bandera y ha atraído a contribuyentes con grandes patrimonios, nacionales y también extranjeros.
En este sentido, de las 12.010 declaraciones presentadas el año pasado en España por el Impuesto de las Grandes Fortunas –declaraciones de más de tres millones de euros–, 10.302 se presentaron en Madrid, lo que supone el 86%. En La Rioja únicamente hubo tres declarantes, según los datos del Consejo General de Economistas.
Capellán no ha puesto plazos a la eliminación del Impuesto de Patrimonio. «Forma parte de un marco fiscal para hacer de La Rioja una región más competitiva», sobre todo en comparación con los vecinos navarros y vascos, reconoce el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez. «Hemos empezado a tomar decisiones en ese sentido y la que tiene que ver con Patrimonio también llegará», añade el máximo responsable de las arcas públicas de la Comunidad.
Asimismo, el Ejecutivo regional también ha tomado otras dos medidas para aliviar la carga fiscal de los riojanos. Ha aprobado la exención de aportar garantías en fraccionamientos tributarios cuyo importe no exceda de los 50.000 euros para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones impositivas.
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Y también ha dado el visto bueno a la posibilidad de pagar a plazos las deudas tributarias de menos de 30.000 euros cuya recaudación dependa del Gobierno de La Rioja. Ocho de cada diez peticiones se podrán beneficiar de esta medida, según los técnicos de la Dirección General de Tributos. En 2022 se tramitaron 547 solicitudes, por valor de 2,2 millones, y en los nueve primeros meses de 2023 ya se han superado las peticiones, que ascienden a 553.
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