El futuro decreto de convivencia en las aulas refuerza las sanciones pero sigue basándose en la mediación

En junio de 2022, la Consejería de Educación entonces liderada por Pedro Uruñuela, presentó un decreto de convivencia para los centros escolares que provocó un terremoto en el sistema educativo. En primer lugar, los sindicatos de profesores protestaron porque consideraban que se veía mermada su autoridad y que incluso se veía menoscaba con su figura con el denostado (y retirado) artículo 53. Gonzalo Capellán, en campaña electoral, anunció su derogación después del que el PP llegase a pedir la cabeza de Uruñuela.

A principios del pasado curso se modificaron varios artículos y, en julio, se introdujeron otras medidas correctoras «para dotar de mayor autoridad a los profesores», según ha recordado este lunes el consejero Alberto Galiana. Pero quedaba por diseñar un nuevo articulado y este ha sido presentado este lunes en forma de anteproyecto que no ha sido compartido con la prensa y del que se han desarrollado sus líneas maestras.

Ese anteproyecto todavía tiene mucho camino por recorrer, empezando por la participación del Consejo Escolar donde, entre la de otros actores, se oirá la voz de los sindicatos, que fueron muy críticos con el anterior. Posteriormente llegarán trámites posteriores.

Pero en esta presentación Galiana ha querido mostrar cómo se va a mejorar una normativa de la que se mantiene buena parte de su esencia, especialmente la referida a la mediación, al diálogo o la existencia de aulas de convivencia a la búsqueda de un modelo restaurativo. «Nunca hemos querido hacer tabula rasa porque había cuestiones interesantes. Pero las medidas correctoras estaban muy reducidas y poco claras, al igual que estaba muy reducido el concepto de autoridad», ha señalado el consejero, que también ha incidido en que «se dan más instrumentos a los profesores, con labor de mediación, pero también de disuasión».

Respecto a la posibilidad de expulsiones de alumnos, se ha explicado que se mantiene la excepcionalidad que regía en la anterior norma, pero que cuando «la mediación no es suficiente, tienen que existir métodos de disuasión». «Es la síntesis entre el modelo restaurativo, con actitud buenista, con un modelo con actitud sancionadora», ha resumido Galiana.

En este sentido, dentro del título quinto del anteproyecto se pondrá negro sobre blanco cuáles son las conductas gravemente perjudiciales y qué medidas se deberán tomar en cada caso, aunque el desarrollo de estas deberá corresponder a cada centro.

Otro de los aspectos en los que los responsables educativos Miguel Ángel Fernández y Fabián Martín han incidido es en la necesidad de una mayor participación de las familias en la vida diaria de los centros y en la resolución de los conflictos. Y en el papel del alumnado, que además de contar con una serie de derechos, también desarrollará unos deberes para los estudiantes que no se encontraban en el articulado anterior. Por ejemplo, Fernández citó «los deberes de estudio y esfuerzo, de respeto a los demás, de participación en las actividades del centro, de mejorar la convivencia, deber de ciudadanía [respetar los valores democráticos de la sociedad] y de comunicación con las familias».

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