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En 2021 el entonces titular de Educación, Pedro Uruñuela, acabó con la zona única de escolarización que consideraba como tal Logroño, Lardero y Villamediana. La consejería del gabinete de Concha Andreu, entre otras modificaciones que afectaban de forma sustancial a las familias en un proceso ... claramente estresante, dividió la capital riojana en cuatro zonas escolares y ahora, con el PP de regreso en el palacete de Vara de Rey, el nuevo departamento de Educación, con Alberto Galiana al frente, recuperará el distrito único.
Así lo anunció el jefe del Ejecutivo, Gonzalo Capellán, que se comprometió a revertir la situación, y así lo ha confirmado este jueves el viceconsejero de Educación, Miguel Ángel Fernández, a escasos días de que se presente públicamente el nuevo proceso de escolarización. «Nuestro compromiso era volver al distrito único y sobre eso vamos a trabajar», ha detallado.
A día de hoy se ultiman los flecos y se analiza cómo quedará finalmente el mapa teniendo en cuenta el descenso de la natalidad, cómo afecta al sistema de escolarización, su repercusión en los propios centros escolares y la fluctuación de población de unas zonas a otras. Estas oscilaciones, según Fernández, no afectarían al número de unidades escolares porque la idea es mantener las mismas que hay en la actualidad.
Entre otras cuestiones, queda por desvelar qué ocurrirá con la oficina de escolarizacion permanente que, a la postre, es la que hasta ahora decidía en qué centro se escolarizaban los alumnos a partir de las preferencias de los padres.
Del nuevo proceso también queda pendiente conocer si se modificarán los criterios de baremación que, con Uruñuela, añadían la existencia de hermanos en el mismo centro, la proximidad del centro del domicilio o del centro de trabajo de los padres y la renta per cápita.
La anterior Consejería antepuso la planificación del conjunto del sistema educativo y estableció que «la educación como servicio público deberá también hacer compatible el derecho de las familias a la elección de un centro [...] con las necesidades del alumnado y la planificación de la oferta realizada por la Consejería», sin marcar obligación alguna. El texto del decreto antecesor, que llevaba el cuño también de Galiana -el consejero que ahora repite- es que obligaba a «garantizar» a las familias «una oferta suficiente de plazas en los centros públicos» y a concertar las necesarias «con centros privados».
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