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Cuando los últimos miembros de la generación del 'baby boom' (el repunte de la natalidad que se registró en España y que hay quien extiende hasta 1977) se incorporaron a las aulas, el Ministerio de Educación (entonces con competencias en prácticamente todo el Estado) emprendió la ímproba labor de dotar de docentes a todos los centros educativos del país. A esa realidad puramente demográfica se sumó otra de política educativa: la extensión de la educación obligatoria. Buena parte de aquel nutrido grupo de profesores agota ahora su carrera profesional y al ser funcionarios públicos incluidos en el régimen de clases pasivas tienen en su mano la posibilidad de jubilarse, voluntariamente, una vez que cumplan los 60 años de edad y siempre y cuando acumulen otros 30 de servicio.
En esa tesitura se encontrarán, estima Alberto Galiana, consejero de Educación del Gobierno de La Rioja, «unos 650 profesores de la educación pública riojana en los próximos cinco años, cuando el volumen de jubilaciones será superior a la media». Una cifra, en todo caso, que puede fluctuar, toda vez que la jubilación es voluntaria, no todos estarían incluidos en ese régimen de clases pasivas y, además, habría que sumar la cifra de interinos que trabajan para el sistema educativo. En todo caso, esa previsión supone la renovación de casi una cuarta parte de la plantilla de funcionarios de carrera (unos 2.700 a los que hay que sumar otros 1.400 interinos), estiman fuentes sindicales, que indican que será más intensiva en Secundaria que entre los maestros de Infantil y Primaria.
«Las oposiciones en los cinco próximos años van a ser muy numerosas», sostiene Galiana, que recuerda que junto a la reposición de docentes jubilados está en marcha el proceso de reducción de la tasa de interinidad acordado para dotar de mayor estabilidad a la plantilla. Esa estabilidad es la que, desde ANPE Rioja, reclama su presidente, Gustavo Navas: «Defendemos el máximo número de oposiciones para todas las escalas. Nuestra prioridad es conseguir la estabilidad del personal docente y del sistema educativo, de los colegios e institutos, y eso sólo se consigue con funcionarios de carrera. Por eso siempre firmamos la oferta de empleo. Cuantas más, mejor».
Mikel Bujanda (CCOO) cree que Educación «llega un poco tarde» y recuerda que desde el 2010 su organización ha venido demandando «convocatorias de hasta 500 plazas. Nos respondían con la tasa de reposición y ahora, ya sin esa tasa, pueden convocar todas las que necesita el sistema para recuperar las que se perdieron en la crisis, para que la plantilla crezca y gane en estabilidad».
Desde UGT, Alicia Romero, más allá de sostener como sus compañeros la necesidad de generosas convocatorias de plazas, recuerda la obligación de equilibrar experiencia y savia nueva. «La OCDE establece una ratio que en La Rioja no se alcanzaba», algo a lo que «tampoco ha ayudado la tasa de reposición, que ha impedido la entrada de gente joven». Por eso, dice, es importante que se mantenga la opción de jubilarse «a los 60 años» para rejuvenecer las plantillas. «La Consejería -agrega- tiene que actuar a corto y medio plazo con objetivos políticos y medidas concretas para alcanzar ese equilibrio». En la última reunión de la mesa sectorial de Educación se acordó convocar para el 2019 un total de 330 plazas de maestros.
Galiana cree que ese relevo generacional «no le viene mal al sistema ya que entra savia nueva» y recuerda que no va a quedar amortizada toda la experiencia presente a día de hoy en las aulas, sino que será algo paulatino. A ello, señala, podrían ayudar hipotéticos «contratos de relevo» que faciliten esa convivencia intergeneracional en el sistema.
En lo que todos coinciden es en que esa savia nueva no es solo nueva sino, sobre todo, intensamente formada, por lo que el reto, de manera indirecta, también se traslada al sistema de acceso que debe permitir que «entren los mejor preparados para asumir la educación de nuestros hijos», sostiene Navas. «La vocación es importante y tiene que ser una carrera atractiva para conseguir captar a los mejores jóvenes», añade Romero.
La educación concertada no será ajena a esta situación. En esos centros no funciona el sistema de clases pasivas, si bien el convenio colectivo prevé la posibilidad de jubilarse parcialmente a los 61 años (al 75%) con un contrato de relevo. La estimación de la Consejería fija una horquilla de jubilaciones de entre 200 y 250 docentes en el próximo lustro.
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