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El fiscal general del Estado alertaba durante la reciente presentación de la memoria de la institución sobre el alarmante aumento de casos de acoso escolar y ponía como ejemplo lo ocurrido en Guadalajara, donde el año pasado se registró un incremento del 520%. Esta realidad, ... si bien no es tan sangrante en La Rioja, al menos de momento, algunos de los casos que revisten mayor gravedad empiezan a llegar a la justicia riojana.
Según los datos facilitados por la Consejería de Educación, a lo largo del pasado curso, el departamento que dirige Alberto Galiana activó hasta en 22 ocasiones el protocolo por 'bullying', una cifra algo inferior a los 33 del año anterior, cuando se batió el récord de expedientes abiertos por acoso a escolares. La suma de las investigaciones iniciadas en los últimos cinco años se eleva hasta las 101, que, aunque pueden parecer muchos, no recogerían más que una pequeña parte de los que hay realmente. Varios estudios concluyen que estas situaciones están mucho más extendidas que lo que reflejan los datos oficiales. Entre ellos, el informe PISA que, aunque sostiene que La Rioja es una de las comunidades en las que menos se dan estos episodios de acoso, calcula que el 4,1% de los estudiantes ha sufrido bullying en alguna ocasión lo que elevaría esta cifra por encima del millar.
En cualquier caso, de todos los supuestos acosos escolares detectados en 2023, a las puertas de la Fiscalía riojana llegaron dos. Uno a los juzgados de Haro y otro a los de Logroño. Aunque numéricamente no se puede comparar La Rioja con la situación por la que atraviesa Guadalajara, sí que merece un tratamiento específico por parte de la Fiscalía riojana en su última memoria. Bajo el epígrafe menores y redes sociales, advierte y señala cuáles son los procedimientos judiciales de toda índole donde el binomio menores-redes sociales aparece con más frecuencia y revela dónde se debe poner el foco de la prevención y educación para contribuir al mejor bienestar de la infancia y la juventud.
En la memoria de 2024, con datos de 2023, los fiscales riojanos describen como es esa relación de los menores con las redes sociales en tres ámbitos: el escolar, el de las relaciones sociales y personales y, por último, el del consumo a través de Internet, donde se convierten en objetivo de los delincuentes.
En el ámbito de los centros educativos, la memoria del Ministerio público sostiene que se pueden identificar procedimientos penales en los que los menores son objeto de 'bullying', acoso, desprecio, insultos y menosprecios a través de las redes sociales por parte de sus compañeros de clase. Esta conducta va acompañada de forma simultánea de agresiones físicas dentro del colegio y una vez que salen del centro y regresan al hogar, son objeto de un «linchamiento virtual». En este «preocupante panorama» los menores pueden tener diferentes roles, el de víctima de los cuadros de 'bullying' que desembocan en graves daños psíquicos que en ocasiones acaban en suicidio, en autores, en espectadores pasivos o en defensores comprometidos que denuncian todo lo que ven.
Fuera del ámbito escolar, los menores también están expuestos en las redes sociales a los peligros derivados de la interacción con terceros. En este sentido, precisa la Fiscalía, «el mayor riesgo viene derivado de la privacidad de la relación, que se desarrolla a espaldas de sus progenitores». «Si alguien llamaba a nuestros hijos por teléfono hace diez años, los responsables de su cuidado conocían la llamada, su causa, el motivo y podían prevenir o actuar si detectaban algo anormal». En la actualidad, este esquema comunicativo se desarrolla en la clandestinidad que ofrecen los dispositivos móviles y es aquí donde se observa que muchos menores son objeto de ataque o comunicación con la finalidad de ser atacada su libertad e indemnidad sexual.
Por último, la acusación pública de la región aborda el papel de los menores cuando se convierten en consumidores a través de internet. «Con la agravación propia de su juventud y falta de experiencia, son un sector muy propicio para las estafas a través de las redes».
La Fiscalía, en la memoria de la actividad de esta institución, destaca en uno de sus epígrafes la relación de los menores con las redes sociales en el ámbito escolar y es en el periodo colegial en el que el uso de estos sistemas de comunicación crecen de forma exponencial. Condicionados por esta realidad, los centros escolares «tienen muchas dificultades para limitar y restringir el uso del teléfono móvil en sus dependencias».
En el ámbito escolar se pueden identificar varios procedimientos en los que los menores son objeto de 'bullying' a través de las redes sociales por parte de sus compañeros de clase. Estos «linchamientos virtuales», como así los tilda la Fiscalía, suelen gestarse en disputas personales por temas relacionados con el grupo y alusiones despectivas hacia su físico y raza, entre otros. Los grupos de whatsapp suelen ser la vía de acoso, pero el menosprecio va acompañado paulatina, simultánea y exponencialmente de agresiones físicas y psíquicas que se cometen en directo. Los pequeños soportan los golpes, empujones, escupitajos, insultos, en las dependencias colegiales, y cuando por fin, al final de la jornada diaria abandonan las aulas, «son objeto del linchamiento virtual, muchas veces con una crueldad aumentada».
En este «preocupante panorama», prosigue la memoria de la Fiscalía, el menor puede ser víctima de unos cuadros de 'bullying' que «desencadenan graves daños psíquicos que en ocasiones desembocan en el suicidio».
Pero los menores también pueden jugar el papel de autores. Para sorpresa de sus padres, «se transforman y camuflan en ese magma virtual, sacando a la luz lo peor de sus cualidades con la pretensión de ser aceptados».
En el ámbito de las relaciones sociales y personales se pueden identificar procedimientos penales relacionados con el tándem menores-redes sociales.
En este sentido, el fiscal explica que las rupturas de las relaciones en ocasiones se acompañan del uso patológico de las llamadas, mensajes o comunicaciones, lo que constituye «un verdadero acoso a la contraparte». También hay casos en los que se difunde material íntimo recibido mientras estaba viva la relación y tras la separación «se convierte en moneda de chanza, chantaje o amenaza. Estas conductas causan «gravísimos daños morales a sus protagonistas».
En este mismo capítulo, la acusación pública hace referencia a un problema de «gravísimas proporciones y consecuencias»: el masivo consumo de pornografía entre los niños y jóvenes que es «cada vez más frecuente, intenso y precoz». Esto desemboca en que cada vez afloran con más frecuencia abusos sexuales cometidos por menores. En general, «el abuso sexual infantil es una realidad epidémica que es preciso atajar».
La relación de los más pequeños con las redes sociales en el ámbito del consumo también tiene su reflejo en los procedimientos penales. La Fiscalía parte aquí de la premisa de que los menores desarrollan habilidades muy tempranas para interactuar en la red, y por tanto, «para ser potenciales consumidores de productos y servicios».
Dada su juventud e inexperiencia, son un sector muy propicio para las estafas a través de las redes. Además, son los que más consumen a través de Internet lo que los convierte en el «objetivo de delincuentes que conocen la edad habitual de sus interlocutores».
Pero no sólo son ellos las víctimas, sino que además pueden comprometer los medios e intereses financieros de sus progenitores y responsables, «quienes muchas veces confían en la mayor destreza de los menores en su desenvolvimiento en las redes». Al final, la brecha digital de los mayores y responsables, según la Fiscalía, contribuye a que los menores sean mayor objeto de fraudes.
En estas reflexiones sobre las relaciones de los menores con las redes sociales, la Fiscalía hace especial hincapié en la que mantienen aquellos que no han cumplido la mayoría de edad y que además tienen alguna discapacidad.
«Si alguien sufre amplificadamente todos los riesgos del uso de las redes sociales es el menor discapaz», concluyen los fiscales riojanos. Pese a ese mayor riesgo, ese menor percibe que su adaptación e integración social y la aceptación de los demás, se ve mejorada por el uso intenso de las redes sociales.
«La integración de un discapaz en la sociedad se consigue dándole acceso y facilidades para su interacción con todos. Que su discapacidad no sea obstáculo para una vida plena y realizada, y que este proceso se haga a la luz de la sociedad».
De ahí que, tal como viene reflejado en la memoria, el menor discapaz no puede ser marginado del uso de las redes sociales. No obstante, tiene que estar especialmente tutelado, para evitar los riesgos que acechan a todas las personas, pero para los que ellos están más expuestos.
El control debe ser especial en las relaciones virtuales con terceros que den lugar a encuentros personales. La Fiscalía reconoce que es un difícil equilibro realizar esa labor sin interferir en el normal proceso del menor para su desarrollo y realización personal».
Un regalo peligroso
Aparte de los menores discapaces, el Ministerio público aborda la compra de teléfonos móviles en los casos en los padres se separan. El obsequio de estos dispositivos al hijo para facilitar la comunicación con el progenitor no conviviente «es visto como signo de capricho y pauta educativa errónea para el contrario» y en medio está el pequeño que muchas veces se ve «aprisionado» en la relación «tensa» de sus padres.
De ahí que, en ocasiones, estos obsequios, en opinión de la Fiscalía, se hacen a edades muy tempranas, «sin reparar en la falta de formación suficiente». Además, hay cierto descontrol en los accesos y uso de la herramienta, lo que incrementa el riesgo del menor en todas las patologías virtuales.
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