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En pleno confinamiento y con la educación virtualizada, el Ministerio de Educación dio el visto bueno a que los alumnos pudieran pasar de curso independientemente del número de suspensos. El objetivo era limitar los efectos colaterales de la pandemia (brecha digital, sobre todo) y ... que el virus no castigara a quienes menos posibilidades tenían de continuar con el curso. Cerrado el curso anterior, el pasado 30 de septiembre, el BOE dio continuidad a aquella solución extraordinaria con un real decreto –que las comunidades deberán trasladar a su ordenamiento– que prevé una solución similar para este periodo lectivo: desligar los suspensos de la promoción de curso y considerar la repetición como algo extraordinario «sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias sin superar».
La medida, una vez más, divide a la comunidad educativa. El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, da su visto bueno. «Las medidas son adecuadas y las respaldamos», adelanta argumentando que la pandemia «exige buscar lo mejor para el alumnado y flexibilizar determinados criterios. Es importante que la evaluación no esté centrada en materias sino sobre todo en los objetivos conseguidos y en el desarrollo de competencias necesarias para continuar. Y si hay cambios de currículo y flexibilización, es lógico que los haya en la forma de evaluar», completa Uruñuela.
Alineado con Educación, Esteban García (FAPA Rioja) cree que «el planteamiento del número de asignaturas suspendidas es simplificar mucho el valor de la educación» y que se debe apostar por el «aprendizaje», concepto que desliga de aprobados y suspensos.
Julio Fernández | Psicólogo
Carlos Torres | CONCAPA Rioja
Esteban García FAPA Rioja
Alicia Romero (UGT), sin rechazar la medida, es menos entusiasta y cree que «en los grupos en los que el curso transcurra con normalidad será innecesaria». En todo caso, defiende que es una medida «razonable» que se tendrá que adaptar «de manera excepcional en un curso en el que todo puede cambiar y en el que hay alumnos en régimen de semipresencialidad».
A expensas del desarrollo normativo de la Consejería, ANPE Rioja y Concapa se muestran radicalmente en contra. «Es una medida poco responsable, contraproducente y produce indefensión a los profesores, que no sólo se fijan en la nota de un alumno a la hora de decidir si aprueba o no, sino en el trabajo desarrollado a lo largo de todo el curso», defiende Gustavo Navas (ANPE Rioja). Carlos Torres (CONCAPA), por su parte, apela al «efecto desmotivador» que provocará en los alumnos y defiende «una evaluación que premie el esfuerzo y el trabajo bien hecho» asumiendo que si la educación presencial no se puede garantizar «se deberán flexibilizar los criterios de evaluación». A todo esto añade «las desigualdades» que provocará el hecho de que la decisión última esté en manos de los ejecutivos regionales.
Julio Fernández, psicólogo y orientador educativo, también es contundente. «Es un claro error», defiende antes de invitar a una reflexión más profunda en la que es necesario contemplar, entre otros elementos, el alto grado de repetición de curso en España, los problemas de fracaso escolar y los discretos resultados, por ejemplo, de PISA. «La solución pasa por ofrecer una educación que se ajuste más a las necesidades de los alumnos. La clave no es dejar pasar con más suspensos sino ofrecer una educación más adaptada» ya que, considera que la lectura que harán los estudiantes de esta medida será la de que no se tendrán que esforzar. «El sistema ofrece poca diversidad a los alumnos y muchos lo abandonan a los 16 años sin ninguna titulación cuando son muy válidos. Se cambian leyes pero se centran en cambios ideológicos sin abordar lo fundamental, los contenidos que les ofrecemos», completa.
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