Educación se abre ahora a revisar con los sindicatos el artículo 53 de la Orden de Convivencia

El artículo 53, que el propio Consejo Escolar de La Rioja recomendó suprimir porque «criminaliza» al profesorado, recoge una serie de pautas de conducta a evitar por los docentes: hablar por el teléfono móvil sin justificación, no llevar la clase preparada o llegar tarde y salir antes de clase, entre otras cuestiones.

El interés de la Consejería, según detallan en el comunicado, es reunir a los sindicatos en torno a la mesa sectorial para hablar de mejorar la convivencia en las aulas y en los centros educativos en La Rioja y del desarrollo del Decreto de Convivencia como herramienta para tal fin.

Educación quiere «reiterar» en el marco de la mesa sectorial «la defensa inequívoca» del profesorado riojano y de la «excelencia» de la labor que «con carácter absolutamente general» desempeña en el día a día en el aula. «Ni el decreto ni ninguna de sus órdenes buscan cuestionar esta idea», subrayan. De ahí que se abran a revisar la redacción de este punto.

La intención de la Consejería es analizar en la misma mesa sectorial otra serie de cuestiones como las dudas que ha generado la aplicación informática Gauss que desde este curso se ofrece «de forma voluntaria a aquellos centros que lo han deseado» para el proceso de evaluación por competencias. Educación planteará también cuestiones relativas al profesorado de Formación Profesional y avanzará a las organizaciones sindicales el interés por abrir próximamente la negociación de la Oferta de Empleo Público de 2023.

En la misma nota de prensa, la Consejería incide en que el Decreto de Convivencia, que tampoco estuvo exento de polémica –el propio Consejo Escolar lo tildó de «ineficaz» frente a conflictos–, es el resultado de un proceso de varios meses entre la Administración y los diferentes agentes de la comunidad educativa, incluidos grupos de docentes, miembros del entorno universitario, otros especialistas y familias. «Ese largo proceso de preparación es el origen de un texto cuyo desarrollo compete ahora a toda la comunidad educativa», señalan, y para el que se propone un plazo de cinco años, «de tal forma que sea una implantación tranquila hacia el fin deseado por todos, que es el de unos centros educativos libres de violencia y donde se entiende la convivencia en un sentido positivo».