Los ecos del caso en el convento de La Merced

La polémica sobre la legalidad del chalé del expresidente del Gobierno regional PedroSanz salpicó no sólo el ámbito judicial, con resoluciones en un sentido y en el contrario, sino también en el político. De hecho, en el seno del Consistorio de Villamediana de Iregua se fraguó, primero a fuego lento y luego en ebullición, un caso que acabó con la dimisión forzada del entonces alcalde del PP, que gobernaba en coalición con el PR+. Era 2015, año electoral, y Ciudadanos condicionó su apoyo a los populares a que el primer edil diera un paso atrás en aras de lo que llamó regeneración democrática. Así lo hizo y la maniobra frustró la moción de censura que cocinaban PSOE, IU y PR+. Poco después, la formación naranja apoyó la moción contra el sucesor de Santolaya, el también popular Rubén Gutiérrez, y convirtió en alcaldesa a la socialista Ana Belén Martínez.

Santolaya no fue el único que pasó por el tamiz de Cs. Supeditó sus votos a que el propio Pedro Sanz no reeditara su cargo de presidente, aunque no por la investigación abierta en Villamediana, todavía en ciernes. Por entonces otros casos ensombrecían al PP regional, como la sospecha sobre la financiación de la sede de esta formación en Logroño, investigación que estaba en manos del juez De la Mata.

En el ámbito político, mientras Sanz era nombrado vicepresidente primero de la Cámara alta, en La Rioja, los grupos parlamentarios de la oposición urgían la creación de una comisión de investigación para aclarar la aprobación definitiva del Plan General Municipal (PGM) de Villamediana por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR) el 7 de junio de 2013. El PSOE formuló la petición en noviembre de 2018 y en diciembre se constituía sin la oposición de ningún grupo, incluido el PP.

El expresidente fue citado a declarar el 4 de octubre de 2018 y durante su comparecencia insistió en que ni presionó ni utilizó su cargo para beneficiarse del plan urbanístico de Villamediana. Dijo, además, ser víctima de una «persecución política, inquina y odio» por parte de la oposición.

El exjefe del Ejecutivo regional cuestionó que la comisión se creara para aclarar la aprobación del PGM. «Sus oscuras intenciones» eran «perjudicar y criminalizar» su figura porque «la ordenación del urbanismo les interesa muy poco».

Descartó que el Consejo de Gobierno y el presidente intervinieran en la aprobación del citado plan y subrayó que para que saliera adelante contó con todos los informes técnicos favorables «sin que nadie advirtiese una ilegalidad ni presentase un recurso contencioso administrativo».

En ese mismo escenario, en el antiguo convento de la Merced, recordó que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, en una sentencia firme, tumbó las «pretensiones» de dos concejales de Villamediana que solicitaron la demolición de las obras acometidas en su vivienda. «No tengo ninguna causa en los juzgados (...), ese procedimiento judicial ha llegado a feliz término, me han dado la razón y no me muevo en más dolores de cabeza; la sentencia es firme y la llevo donde sea», ha insistido. «El juguete se ha roto, y como se les ha roto el juguete, pues aquí estamos», recriminó a los diputados de la oposición.

En mayo de 2019 el dictamen de la comisión de investigación del Parlamento regional no salió adelante. El voto en contra de la diputada de Cs Rebeca Grajea y la ausencia de Germán Cantabrana (Podemos) provocaron un empate a 16 hasta en dos ocasiones, con lo que las conclusiones no se validaron en la Cámara autonómica y, por tanto, no constan de manera oficial.

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