La economía sumergida supone uno de cada cinco euros de la riqueza regional en La Rioja

Así se desprende de un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que subraya que este dinero no declarado y por el que no se pagan impuestos «incide negativamente sobre la recaudación tributaria y genera competencia desleal entre empresas». El trabajo 'La competitividad fiscal de las comunidades autónomas: condición necesaria para el desarrollo económico' se realizó con datos referenciados al ejercicio 2020.

El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, atribuye este moderado volumen de economía sumergida en La Rioja en términos relativos a que se trata de una región «con mayor nivel de desarrollo económico de PIB per capita». También apunta como factores «su inferior tasa de desempleo y su mas reducida presión fiscal normativa». En este sentido, el IEE considera que «una fiscalidad más favorable desincentiva la presencia de economía sumergida».

A su juicio, «el hecho de que el peso de la economía sumergida en La Rioja sea inferior, pero similar al promedio nacional, hace pensar que sus determinantes sean también similares, como son el desarrollo de actividades que interactuan directamente con consumidores finales y en las que es factible trabajar en unidades de reducida dimensión, ya que ambas circunstancias aumentan el riesgo de operar de forma sumergida, sin perjuicio de que cada comunidad autónoma pueda tener una especialización sectorial que favorezca o perjudique la economía sumergida».

El informe del IEE sitúa a La Rioja junto a Madrid, País Vasco, Navarra, Cantabria y Aragón como las comunidades que presentan menores niveles de economía sumergida, mientras que los peores resultados se registran en Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, autonomías con mayor presencia de sectores en los que la economía sumergida «tiende a ser más frecuente, tales como la agricultura, el o el turismo».

En un contexto como el actual, destaca el informe del IEE, «donde la deuda y el déficit públicos han aumentado muy sensiblemente, influidos por las medidas adoptadas para contener la pandemia sanitaria derivada del COVID, reducir el peso de la economía sumergida debiera ser algo prioritario».

Más en concreto, Izquierdo apunta que «la lucha contra la economía sumergida debe ser un objetivo de política económica en cuanto la misma es un factor de competencia desleal, que además genera sobrecargas de costes fiscales y sociales a la gran mayoría del tejido productivo que cumple adecuadamente con todas sus obligaciones fiscales, sociales y regulatorias».

En su opinión, «la mejor política para reducir la economía sumergida es la de favorecer la actividad, la competitividad y el crecimiento empresarial, ya que la economía sumergida se reduce de forma exponencial cuanto más tamaño medio alcanzan las empresas». Para ello «es importante que el sistema fiscal, las cargas sociales y las obligaciones regulatorias se estructuren de una forma compatible con la competitividad relativa de las empresas y que no supongan una sobrecarga excesiva». Y asimismo, el director general del IEE recomienda «no descuidar la vía tradicional de control», pero también muy especialmente «potenciar la eficiencia en la gestión del gasto público, ya que ello no solo deslegitima el fraude fiscal e incita el cumplimiento tributario, sino que además facilita reducir el esfuerzo fiscal, que cuando es excesivo, suele generar mayor niveles de economía sumergida».