Robaban cable de la empresa de telefonía en la que trabajaban para luego venderlo en una chatarrería ilegal

La Guardia Civil en La Rioja ha investigado a doce hombres, con edades comprendidas entre los 27 y los 49 años, originarios de España y Ecuador, y con domicilios en Logroño y Villamediana de Iregua como presuntos autores, en diferentes grados de participación, de los delitos de hurto, receptación, usurpación de estado civil, así como de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La mayoría de ellos posee antecedentes penales y administrativos.

Uno de los investigados es el propietario de la chatarrería en la que se realizaban actividades de compra-venta de metales, sin contar con la correspondiente Licencia Ambiental ni la Licencia de Apertura. Además, la empresa no estaba inscrita ni autorizada como Gestor de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, incumpliendo así la normativa vigente. Para proteger su establecimiento y prevenir robos, empleaba medidas extremas, como grandes cepos de caza distribuidos en zonas estratégicas del interior, perros y cámaras de seguridad.

Los otros once investigados son empleados de una empresa dedicada a la instalación y reparación de líneas de telefonía y electricidad en La Rioja. Durante su jornada laboral, estos individuos sustraían cableado de cobre en diferentes puntos de la comunidad para luego venderlo en la chatarrería, utilizando identidades falsas para realizar las transacciones.

Esta actuación forma parte del «Plan Permanente de Respuesta a Actividades Ilícitas Relacionadas con el Cobre» de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. La investigación se inició a raíz del análisis exhaustivo de la información recopilada durante los recientes operativos realizados en La Rioja contra este tipo de delincuencia.

Agentes del Grupo de Investigación de la Guardia Civil en Logroño, junto con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), centraron sus esfuerzos en una chatarrería ubicada en la capital riojana, que, al parecer, estaba llevando a cabo prácticas ilegales en el tratamiento de residuos peligrosos y en la compra de cable de cobre sustraído, entre otros metales.

La vigilancia en la zona permitió confirmar que la chatarrería permanecía habitualmente cerrada al público y solo abría sus puertas cuando los clientes avisaban desde el exterior, generalmente por teléfono. Cada vez que esto ocurría, las puertas se abrían y se cerraban rápidamente, lo que llamó la atención de los agentes. Lo que incrementó aún más sus sospechas fue la presencia frecuente de vehículos de una empresa de electricidad dedicada al mantenimiento de líneas telefónicas, que ingresaban a las instalaciones.

Una vez perfilado el modo de actuar del responsable de la chatarrería, los agentes procedieron a una entrada por sorpresa, hallando en el interior 9.396 kilogramos de cable de telefonía y de electricidad de procedencia ilícita, así como otro tipo de metales y efectos, entre ellos, seis cepos de caza de gran tamaño, que el dueño colocaba en sitios estratégicos por si alguna persona accedía al perímetro para sustraer material.

Se ha podido determinar que los once trabajadores investigados aprovechaban sus conocimientos y experiencia profesional para sustraer tanto el cable retirado de las líneas telefónicas y de electricidad como el cable nuevo, que, aunque no se había utilizado, debía ser devuelto al almacén de la empresa.

Una vez en su poder, trasladaban el material a Villamediana de Iregua para limpiarlo, retirando los plásticos para dejar solo el cobre, lo que aumentaba el beneficio económico. Luego lo ponían a la venta en la chatarrería a nombre de alguno de ellos, y en diversas ocasiones usurpaban la identidad de compañeros de trabajo, que desconocían lo sucedido. Su actividad ilícita les reportó un beneficio económico de 14.513 euros durante los últimos meses.

Las actuaciones en materia penal han sido puestas a disposición de la autoridad judicial. Por su parte, las actas de denuncia por infracciones administrativas se encuentran a disposición de los organismos competentes en esta materia: la Delegación del Gobierno y las consejerías de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, y de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, así como del Ayuntamiento de Logroño.

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