Las críticas vertidas durante la campaña electoral por el PSOE y reiteradas al asumir el Gobierno sobre la arbitrariedad de 16 convenios firmados por el Ejecutivo de José Ignacio Ceniceros mientras estaba ya en funciones no se quedarán papel mojado. El Gobierno de coalición de ... La Rioja ha anunciado que iniciará el procedimiento de lesividad contra estos acuerdos que se rubricaron entre el 2 de julio y el 14 de agosto del 2019 por un montante total de 4,1 millones de euros. A partir de ahora se notificará la decisión a los consistorios afectados, que dispondrán de 15 de plazo para presentar alegaciones. Cumplido ese periodo arrancará un proceso de negociación «en defensa del dinero público y el interés de todos los riojanos» que debe resolverse en un máximo de seis meses.
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Según ha explicado el consejero de Gobernanza Pública, Francisco Ocón, «ninguno de aquellos convenios era de urgencia, ni de emergencia ni constaba en la programación de obras previstas». Asimismo, Ocón ha indicado que se firmaron un total de 40 convenios en el periodo en el que el Gobierno de Ceniceros ya sabía que continuaría, pero sólo para 16 se ejercerá el procedimiento de lesividad, por entender que el resto sí cumplían con las condiciones exigidas para una tramitación ordinaria.
Ocón ha señalado que el Ejecutivo de Andreu ha «repasado todos los expedientes pormenorizadamente» y que en la primera oportunidad que han tenido, tras reanudarse los plazos administrativos, han tomado la decisión oportuna.
También ha enumerado los motivos que han impulsado al Ejecutivo riojano a dar este paso, entre los que ha destacado las recomendaciones de órganos consultivos y judiciales de limitar al despacho de asuntos ordinarios o de emergencia los que se adopten por gobiernos en funciones. «Tuvieron 24 años para estos convenios y lo hicieron en dos meses, cuando estaban en funciones», ha dicho con sorna el consejero. También ha indicado que dichos convenios obligaron al anterior Ejecutivo a aprobar una ampliación presupuestaria por valor de 4,5 millones de euros que se detrajeron de la ADER cuando había otras prioridades más acuciantes sin cubrir. Además, ha apuntado que cinco de esos 16 convenios ni siquiera figuraban en el Plan Estratégico de Subvenciones, y que 4 de esos 5 se destinaban «a municipios del Partido Popular»; «qué casualidad», ha exclamado sarcásticamente Ocón.
«Firmaron dichos convenios de forma arbitraria, sin respetar las anualidades, desoyendo las advertencias de Intervención, empleando a su antojo un dinero que no tenían capacidad de usar por estar en funciones y a sabiendas de que no iban a gobernar», ha resumido Ocón, añadiendo la voluntad de alcanzar a un acuerdo con los ayuntamientos afectados porque ellos «no tienen la culpa de quien hizo mal las cosas».
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Sobre este asunto, de hecho, Ocón ha anunciado que comparecerá a petición propia en el Parlamento de La Rioja para ofrecer más detalles.
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