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El secretario general de Podemos La Rioja, Francisco Javier Garrido, ha anunciado hoy que el Consejo Ciudadano Autonómico de esta formación política ha suspendido de militancia al portavoz de su Grupo Parlamentario en la región, Germán Cantabrana.
Garrido y la diputada autonómica de Podemos Natalia ... Rodríguez, a la que su grupo ha abierto un expediente disciplinario, han ofrecido una rueda informativa, recogida por Efe, para exponer su visión sobre la situación creada en el Grupo Parlamentario de esta formación política.
Garrido también ha anunciado que se está estudiando la posibilidad de tomar la misma medida de suspensión de militancia contra los diputados regionales Ana Carmen Sáinz y Juan Miguel Calvo, a quienes ha solicitado, como a Cantabrana, que entreguen sus actas como parlamentarios.
Ha aclarado que la decisión de entregar las actas tiene un carácter personal, pero, tanto si la llevan a término como si no lo hacen, en el caso de Cantabrana, «al estar suspendido de militancia, no puede hablar en nombre del partido, ni representarle ni ejercer como portavoz del mismo».
Además, Garrido ha adelantado que Podemos tomará «acciones legales para defender su integridad» tras la rueda informativa que ofrecieron ayer, día 18, estos tres diputados y en la que anunciaron la apertura de un expediente sancionador contra Natalia Rodríguez para apartarla del mismo.
Medida que, según Cantabrana, se tomó después de que Rodríguez se presentara en la sala de trabajo del Grupo Parlamentario el pasado día trece y se llevase entre ocho y doce archivadores con información sensible y un ordenador.
El portavoz parlamentario también anunció su decisión de no seguir las pautas del Consejo Ciudadano Autonómico, al que dijo no reconocer, porque, tanto el número uno de este órgano, Garrido, como el número dos, Miguel Reinares, habían torpedeado el trabajo del Grupo en la Cámara.
Según Garrido, los diputados convocaron esta rueda informativa al verse «acorralados» porque «está finalizando una investigación interna sobre la gestión de los fondos del Grupo Parlamentario y por el expediente de acoso laboral a las trabajadoras, que ejercían sus funciones para el Grupo y a las que ya no se les permite acceder a su puesto».
Motivo por el que no pudieron recoger sus efectos personales y por el que Rodríguez se personó en la sala de trabajo del Grupo Parlamentario el pasado día trece, «con autorización de estas trabajadoras», para recogerlos, según ha indicado ella misma en este encuentro informativo.
«Es ridículo que hablen de información sensible cuando solo se trataba de material de trabajo, efectos personales, un ordenador que adquirió el Consejo Ciudadano y documentación contable, también del Consejo, a la que solo tiene acceso la trabajadora encargada de ello», ha explicado la diputada.
Así, ha negado las acusaciones sobre sustracción de documentos, ha asegurado que los tres diputados «mintieron» y ha achacado todas las acciones de sus compañeros de escaño contra ella al hecho de que se posicionó a favor de «la defensa del personal administrativo que ha denunciado acoso laboral».
Ha calificado a Cantabrana, Calvo y Sáinz de «mercenarios políticos»; a lo que Garrido ha añadido que la situación creada es un caso de «transfugismo político» y ha tachado las actuaciones de los tres diputados como «un golpe de estado al partido».
Rodríguez ha indicado que seguirá trabajando para Podemos, aunque, según ha afirmado, «Cantabrana cambió las contraseñas de los ordenadores para dificultar» su labor; lo que la llevó a escribir una carta a la presidenta de la Mesa del Parlamento, Ana Lourdes González, para solicitarle «amparo».
Ha añadido que también ha tenido que hacer frente a otros «impedimentos» para desarrollar su trabajo, ya que ha afirmado que tiene preparadas varias proposiciones no de ley que no ha podido presentar porque sus compañeros no las han firmado.
Ha reiterado la «falsedad» de todas las acusaciones realizadas por sus compañeros parlamentarios y ha anunciado que tomará «medidas por la vía penal por calumnias» por el tema de la supuesta sustracción de documentación y «por la vía civil para reclamar daños y perjuicios por haber vulnerado el derecho al honor».
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